Ikastolas y Kristau Eskola chocan con Educación por el reparto de alumnos contra la segregación

El origen del conflicto educativo está en los nuevos criterios de matriculación para intentar evitar que se concentre alumnado vulnerable en algunos centros. Esta semana han salido publicadas las listas provisionales y se han desatado las quejas de familias cuya primera opción de centro no ha sido respetada. Con el nuevo sistema de reparto de alumnado, todos los colegios que reciben fondos públicos deben reservar un número de plazas en función del índice de vulnerabilidad de su zona o área de influencia. Es Educación la que tiene la última palabra en el reparto y distribución de los estudiantes.

Tanto Ikastolen Elkartea como Kristau Eskola, ambas de la red concertada, piden que se respete el número de alumnos que hayan solicitado inscribirse en un centro como primera opción. Reclaman, además, transparencia al departamento de Educación, que ayer no quiso manifestarse.

Las dos entidades dicen que no disponen de la información necesaria para poder explicar a las familias el porqué de las decisiones que ha tomado el departamento con respecto al futuro educativo de sus hijos. En la red pública también se escuchan críticas. Ehige, confederación de padres y madres, anima a las familias a presentar reclamaciones a quienes no se les hubiese respetado la elección de centro en su primera opción. El plazo concluye este martes 4 de abril.

Ikastolen Elkartea. Las ikastolas se comprometen a mantener a todos los alumnos que hayan solicitado matricularse en sus centros y aseguran que no los derivarán a otros colegios, pese a que en la distribución del alumnado no les haya correspondido ese centro educativo. Denuncian que se han aplicado diferentes criterios según la red educativa, cuando la incorporación de todos los colegios al futuro sistema educativo vasco debería hacer que las normas fueran iguales para todos.

José Luis Sukia, director general de Ikastolen Elkartea, pide que «se respete el número de matrículas que ha conseguido cada centro y a partir de ahí se hagan los movimientos que haya que hacer». Como ejemplo expone la situación la ikastola de Zarautz, Salbatore Michelena. «Este curso se les ha puesto un límite de 50 plazas, 5 familias se han quedado fuera, y han movido a 3 por el índice de vulnerabilidad. En total 8 familias a las que se niega su primera opción. Nosotros decimos que sobre esas 55 plazas se aplique lo que se tenga que aplicar».

En esa misma situación se encuentran siete familias de Txantxiku Ikastola de Oñati o más de diez de Arizmendi Ikastola de Arrasate. La comunidad educativa de estos tres centros ha decidido movilizarse y ayer por la tarde convocaron concentraciones en apoyo a las familias afectadas.

Sukia deja bien claro que Ikastolen Elkartea «está a favor de la reorganización para evitar la segregación. Si hay que derivar alumnos nos dolerá, pero está dentro de lo acordado. Pero no así», insiste. Critica la falta de información por parte del departamento de Educación. «No sabemos en qué se han basado para decidir los índices de vulnerabilidad. Solo sabemos de la encuesta que pasamos a las familias, pero no qué criterios son los que determinan ese índice». Con estos pocos datos «poco podemos decir a las familias para explicarles por qué les derivan». Tanto las propias ikastolas como las familias presentarán recursos en los casos que vean necesarios.

Kristau Eskola. En la red de escuelas cristianas del País Vasco también hay malestar y esperan algún tipo de movimiento por parte de Educación. María Eugenia Iparragirre, directora general de Kristau Eskola, sostiene que «entendíamos que se iba a respetar el número de matrículas que conseguía cada centro». Iparragirre insiste en la necesidad de «respetar la libertad de elección de las familias», por lo que aboga por mantener el «derecho a decidir en un aspecto fundamental como es el futuro educativo de los hijos».

Reclama que el departamento ofrezca la información «necesaria» para que los propios centros educativos puedan «hacer pedagogía» ante la situación creada. «No ha habido claridad. Las familias andan perdidas, no hay explicaciones de por qué se deriva a otro centro y los directores tampoco pueden explicarlo».

Iparragirre entiende como «una necesidad de país» erradicar la segregación de las aulas, pero desea que Educación abra la mano para buscar una solución. «Una primera medida podría ser ampliar los plazos de reclamaciones. Mañana –por hoy– muchos colegios cogen vacaciones por Semana Santa y el plazo acaba este martes».

Red pública. El descontento se extiende a la red de colegios públicos. Ehige anima a las familias que no hayan conseguido plaza en un centro público como primera opción a que reclamen. Denuncian que hay casos de colegios con plazas libres y se han derivado estudiantes a otros colegios, «algo que no tiene sentido», dice su coordinadora Lurdes Imaz. Heize, la asociación de directores públicos, están «recabando información».