El Congreso analiza cómo tapar el agujero de los alquileres de temporada

El Departamento vasco de Vivienda considera que esta iniciativa legal podría ser una solución al trasvase fraudulento, ya que «bastaría con equiparar el arrendamiento de vivienda habitual con el alquiler de temporada para evitar lagunas», señalan fuentes de la consejería que encabeza Denis Itxaso. En cualquier caso, recalcan que tampoco hay un vacío legal tan evidente porque «últimamente están trascendiendo en medios sentencias judiciales que reconvierten contratos de alquiler de temporada fraudulentos en alquiler residencial». En el seno del Gobierno Vasco, tanto los inspectores de Vivienda como los de Consumo tratan de combatir esta práctica en casos presuntamente fraudulentos.

Desde Vivienda recuerdan también que «en Euskadi hoy es obligatorio por ley la inscripción de todos los contratos de alquiler y el depósito de la correspondiente fianza, también de los alquileres de temporada». Además, recalcan que estos últimos están «regulados» en la ley estatal de Arrendamientos Urbanos y por el Código Civil.

Además, el Gobierno central activó el pasado julio un registro único para poner coto tanto a los alquileres de temporada como a los pisos turísticos que se anuncian de forma ilegal, por lo que todas las viviendas que se oferten como alquileres de corta duración deben contar con una número de registro obligatorio. Sin embargo, desde el Ejecutivo vasco puntualizan que este número solo es obligatorio «para el caso de que esos pisos vayan a ser ofertados en plataformas digitales que formalizan contratos». Es decir, se requiere en plataformas como Airbnb o Booking, donde el usuario puede contratar directamente ese alquiler temporal, pero no en portales inmobiliarios como Idealista, que solo hace de intermediario entre el propietario y el inquilino.