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L. G.
Martes, 21 de enero 2025, 12:02
El abogado laboralista Ignacio de la Calzada González ha publicado un vídeo en el que detalla las nuevas medidas que la Seguridad Social pondrá en marcha en 2025 para mejorar el control de las bajas médicas y combatir el fraude. Según explica el especialista, estas modificaciones responden al elevado coste que estas incapacidades temporales suponen para las arcas públicas: solo en 2023, más de 8 millones de bajas médicas generaron un gasto de 14 millones de euros.
De la Calzada destaca que los nuevos controles serán más frecuentes y exhaustivos, involucrando tanto a la Seguridad Social como a las mutuas laborales. «Los trabajadores tendrán la obligación de acudir a revisiones de forma más regular», explica el abogado, añadiendo que «las empresas deberán aportar informes para verificar si las condiciones de la baja son compatibles con el puesto de trabajo del empleado». Estas medidas buscan no solo detectar posibles fraudes, sino también agilizar los procesos de alta o tratamiento, evitando situaciones de descontrol.
En el vídeo, el abogado laboralista también aclara un aspecto que genera mucha confusión: quién asume los costes de las bajas médicas. «Del día 1 al 15, es la empresa quien paga tanto el salario como las cotizaciones del trabajador», señala, mientras que «a partir del día 16, el pago pasa a manos de la Seguridad Social». Sin embargo, recalca que, en última instancia, «el coste lo pagamos todos, con nuestros impuestos».
El sistema actual establece que los trabajadores no reciben compensación económica los tres primeros días de la baja. Entre el cuarto y el vigésimo día, se les abona el 60 % de su base reguladora, y a partir del día 21, este porcentaje sube al 75 %. Según De la Calzada, estas cifras muestran «el impacto significativo que las bajas médicas tienen tanto para las empresas como para los recursos públicos».
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Aunque reconoce que no todas las bajas médicas implican irregularidades, insiste en que «existe un nivel de descontrol que hace necesario implementar estas nuevas medidas». «El fraude existe, aunque no sea lo habitual, y con estos cambios podremos garantizar un sistema más justo y eficiente», afirma.
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