La plataforma contraria al centro comercial de San Bartolomé pide que se declare la caducidad de la licencia de obras

En su escrito enviado al Ayuntamiento recuerda que el artículo 216 de la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo establece que «en el supuesto de que las obras no se hubiesen iniciado, contraviniendo el plazo establecido al efecto en la Licencia, el Ayuntamiento declarará, previo procedimiento administrativo con audiencia al interesado, la caducidad de la licencia sin derecho a indemnización alguna». La plataforma ciudadana recuerda que han transcurrido «más de nueve meses desde la concesión de la Licencia al promotor, que es un fondo de inversiones, y lo cierto es que las obras no han comenzado. De ahí que el Ayuntamiento, en aplicación de lo previsto en el artículo 216 de la citada Ley de Suelo y Urbanismo, debería proceder a tramitar la caducidad de esa Licencia».

Esta entidad indica que el pasado 11 de abril el Alcalde «anunció su rectificación y su intención de paralizar, retirar o suspender el polémico proyecto», declaró que «iba a abrir un proceso de reflexión sobre qué hacer con la ladera de San Bartolomé» y aseguró que «pedirá a la Sociedad San Bartolomé Muinoa que inicie la resolución, de mutuo acuerdo, del contrato de compraventa con Midfield SL para no ejecutar el proyecto de centro comercial y aparcamiento en San Bartolomé». Critica que «han transcurrido ya más de dos meses y se desconoce si hay algún avance o alguna concreción del compromiso anunciado por el Alcalde» mientras, añade, «continúa la falta de transparencia sobre el contenido del contrato existente entre las partes y citado repetidamente por Goia, a pesar de haber solicitado esta Plataforma Ciudadana el acceso a esa documentación pública». Por ello, aseguran que han presentado la pasada semana «un nuevo recurso de reposición contra la negativa de Alcaldía a que se conozcan con transparencia los términos del contrato».

Para finalizar solicitan que se declare la caducidad de la licencia de obras del espacio comercial previsto y reclaman «que se nos facilite el acceso a los proyectos de ejecución y urbanización de las obras, así como al estudio de impacto acústico que obran en poder del Ayuntamiento».