Lluvia de millones en Donostia para regenerar Altza

A este fin se han destinado casi 5,9 millones de euros, además de otros 531.000 euros en ayudas a 53 familias en situación de vulnerabilidad que forman parte de los portales beneficiarios. Según detalla la concejala de Planificación Urbanística y Vivienda, Nekane Arzallus, el consistorio ha efectuado hasta la fecha pagos por un importe de 2,3 millones de euros a las comunidades afectadas, así como 214.000 euros a las personas o unidades convivenciales desfavorecidas que residen en estos bloques.

«En definitiva, se ha abonado alrededor de un 40% de las ayudas concedidas», subraya la delegada del PNV, quien asegura haber firmado otras resoluciones de ayudas, por importe de 71.300 euros, para subvencionar gastos de proyectos en los que habrían incurrido otras 28 comunidades de propietarios cuyas propuestas de rehabilitación no fueron finalmente seleccionadas en la convocatoria.

La elección de Altza como destino de esta lluvia de millones no es casual. Se trata de uno de los barrios donostiarras que más viviendas concentra, con 8.997 pisos distribuidos en 1.181 portales. El 85,8% de los edificios fueron construidos antes de 1981 y el nivel de renta personal media es el más bajo del municipio.

Según los datos de Lanbide de agosto de 2022 –que se tomaron como referencia cuando se firmó el convenio interinstitucional entre Gobierno Vasco y Ayuntamiento–, Altza cuenta con 19.576 vecinos, de los que alrededor de un millar se encuentran en situación de desempleo, es decir, un 5% del total. El 56,3% de los parados registrados son mujeres y la franja de entre 35 y 54 años es la más golpeada por la falta de trabajo, con casi la mitad de los afectados.

Las inversiones previstas en el plan se centran en las zonas más vulnerables del barrio, en concreto Harria, Arriaga, Arrizar, Roteta, Casares y Santa Bárbara. Las nueve comunidades agraciadas son paseo de Altza 10 y 32, Elizasu 6, 8 y 19, Txapiñene 1, Erroteta 6, Erroteta Goikoa 2 y Arriberri Taldea 2. Se estima que, con el importe de la ayuda concedida, las comunidades podrán cubrir el 70% del coste de las obras y, en el caso de las personas vulnerables, el 100% de la parte proporcional que les corresponde por la actuación.

Pero el Plan de Regeneración Urbana Integral de Altza va mucho más allá de la rehabilitación de fachadas. Con una bolsa total de 12,4 millones de euros, el objetivo no es solo renovar edificios residenciales, sino regenerar también la infraestructura del barrio, reurbanizar y recuperar terrenos contaminados –ampliando así el espacio urbano–, regenerar espacios verdes o realizar intervenciones de mejora en materia de accesibilidad. Todas estas obras impactarán positivamente en el distrito Este.

Entre los proyectos definidos se incluyen actuaciones de accesibilidad y descontaminación en el parque Harria-Pikabea, la renaturalización de arbolado en plazas y calles, y de regatas, como Auditz Akular, la instalación de sistemas de energía renovable en los viveros públicos, la creación de sistemas urbanos de drenaje sostenibles y la resolución de problemas de accesibilidad.

Para canalizar las peticiones, se puso en marcha una oficina de proximidad (Erroteta Goikoa 21) con una estructura de apoyo e impulso de la eco rehabilitación, que actúa como referente y catalizador de las inversiones de mejora de la eficiencia energética y tramitará las ayudas de las intervenciones. Asimismo, sensibiliza, capta y ofrece un servicio de acompañamiento a la ciudadanía para que pueda llevar a cabo las actuaciones. Además, se realiza un proceso de reflexión colaborativa de regeneración urbana con vecinos y agentes claves del barrio.

«Desde esta oficina se viene efectuando una labor continua de acompañamiento e información a las comunidades y particulares sobre cualquier duda que va surgiendo durante el proceso. Igualmente, se realiza un trabajo técnico de asesoramiento en relación con el proceso de contratación de las obras por parte de las comunidades de vecinos», subraya Arzallus, quien recuerda que las bases de la convocatoria preveían la creación una comisión gestora por cada uno de los proyectos, la cual está integrada por representantes de Gobierno Vasco, Etxegintza y los propietarios.

Esta comisiones gestoras tienen como principales funciones garantizar el principio de libre concurrencia de las empresas contratistas interesadas en ejecutar las obras de rehabilitación.