Clausuran dos bazares de alimentación por vender alcohol a menores en Semana Grande

La venta de bebidas alcohólicas a menores de edad se considera una falta grave y la ley vasca prevé sanciones de entre 601 y 10.000 euros y la suspensión temporal de la actividad con cierre del establecimiento por un periodo de hasta dos años. En estos dos casos concretos, el periodo de clausura es de cinco días.

El concejal de Ecología y Salud Pública, Enrique Ramos, explica que esta actuación es resultado de varios dispositivos de vigilancia de la Guardia Municipal -alguno en colaboración con técnicos del departamento de Salud Pública y Bienestar Animal- incluidos en una campaña de prevención y reducción de la oferta de alcohol a menores centrada en los comercios minoristas de alimentación.

El foco se dirige estos días festivos sobre los negocios «históricamente infractores», en este caso tiendas que venden otros productos, como chucherías, cuya actividad está orientada a un público infantil. Para confirmar el hecho punible, agentes uniformados o no se apostan en el exterior del local y, cuando detectan que se ha dispensado alcohol a menores de 18 años, entran en el mismo, levantan acta y dan parte para la posterior apertura del expediente sancionador.

Ramos destaca que la Guardia Municipal es uno de los departamentos que «más esfuerzos» realiza en la reducción de la oferta de alcohol, «en especial entre un colectivo tan vulnerable» como los menores. El edil del PSE recuerda que el Ayuntamiento está «sensibilizado» con la lucha contra el consumo de alcohol a temprana edad, para lo que desde hace tiempo varios departamentos municipales trabajan con este colectivo con un «enfoque transversal, multidisciplinar y que abarca varias áreas de actuación»: la promoción de la salud, la prevención del consumo y la educación sanitaria en los más jóvenes, la reducción de la oferta y la demanda y la asistencia sociosanitaria a familias.

Ya el pasado año se creó la mesa de coordinación para la prevención del consumo en menores, con especial énfasis en los lugares de ocio. Esta mesa es un «espacio interinstitucional e interdepartamental de cooperación estable» a través del cual cualquier institución o departamento puede proponer la ejecución de proyectos o actuaciones «de forma participada y consensuados políticamente».

Ramos advierte de que se trata de un «fenómeno social complejo», con variedad de ámbitos y áreas que pueden verse afectados. «Y para enfrentarse a esta complejidad es preciso un funcionamiento coordinado, cohesionado, eficaz y eficiente de los recursos municipales existentes», subraya.

El departamento de Juventud, dentro del Plan de Adicciones 2017-2021, desarrolla varios proyectos encaminados a la formación, prevención y capacitación de los más jóvenes, con acciones que inciden en momentos festivos como el actual, en locales de reunión o en centros escolares donde se detecte un riesgo elevado.

A parte de la labor de concienciación y educación sobre un fenómeno, el consumo de alcohol entre adolescentes, que cuenta con altos grados de «permisividad» dentro de las propias familias, la vigilancia policial es clave para frenar su venta a menores de edad. 2018 fue el año que se pusieron más sanciones de este tipo: 14 en total. «A veces los chavales vienen con bebidas compradas en otro municipio, algo que no podemos controlar, pero lo que se vende en tiendas y bazares de Parte Vieja y Gros sí lo controlamos. Ya ha habido reincidentes a los que hemos multado con 10.000 euros y no nos va a temblar el pulso contra los que se lucran a costa de la vulnerabilidad de los adolescentes», aseguraba a este periódico el jeltzale Martín Ibabe, concejal de Seguridad Ciudadana, días antes del arranque de la Semana Grande.

Fruto de la presión de la Guardia Municipal es también la multa de 8.000 euros impuesta hace unos días a un conocido pub de la Parte Vieja por servir bebidas alcohólicas a clientes que no habían alcanzado la mayoría de edad.

El botellón también está perseguido y castigado. Hasta mediados de julio, la Guardia Municipal ha tramitado 31 denuncias por consumo de alcohol en la calle por parte de menores, una cifra que representa el 86 % de las multas que se pusieron en todo 2018, multiplica por ocho las actuaciones llevadas a cabo en 2017 y duplica las de 2016. Los menores son sancionados con 50 euros por infringir el artículo 33.1 de la Ley 1/2016 de Adicciones y Drogodependencias. Si realizan un curso de prevención, se les reduce la multa a 20 euros.

Por consumo y tenencia de otras drogas este año se ha sancionado ya a 15 menores, la mitad que en 2018. En este caso se aplica el artículo 36.16 de la Ley 4/2015 de Seguridad Ciudadana y las multas ascienden a 601 euros, aunque si el menor completa el curso que le proponen se reducen a 100 euros.