El Tribunal de Cuentas revoca su condena a Ana Botella por la venta de pisos protegidos a 'fondos buitre'

La decisión, que libra a la exalcaldesa de una multa de 22 millones, ha sido adoptada con los votos a favor de la exministra de Aznar Mariscal de Gante y de un consejero nombrado a propuesta de los populares

Melchor Sáiz-Pardo
MELCHOR SÁIZ-PARDOMadrid

La Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha estimado parcialmente el recurso de la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella y varios miembros de su equipo contra la sentencia, que ahora queda anulada, que les condenó por la venta en 2013 a los fondos buitre Fidere y Blackstone de 5.315 inmuebles de protección pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Entre esos pisos que acabaron en manos de los fondos había al menos 1.860 viviendas de familias necesitadas.

La revocación del fallo anterior libra a la esposa de José María Aznar y a sus colaboradores de pagar una multa solidaria de 22,7 millones de euros. La decisión de dejar sin efecto esta sentencia no ha sido unánime. Dos consejeros han votado a favor de la revocación y uno en contra. Los votos a favor han venido de sendos consejeros propuestos por el PP: la exministra de Justicia de con Aznar, Margarita Mariscal de Gante y de José Manuel Suárez Robledano.

No hubo «negligencia»

El tribunal estima buena parte de los argumentos de Ana Botella, Concepción Dancausa, Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito, Paz González, Dolores Navarro y Pedro Corral. En particular, la sala considera la venta a los fondos buitres se realizó mediante concurso público, por lo que no se puede imputar «negligencia grave» a los recurrentes, ya que la venta se aprobó a través de un plan de viabilidad financiera, sin que fuera «impugnada en ningún modo».

El tribunal recuerda que para llevar a cabo aquella enajenación se reclamaron informes numerosos, entre ellos el de la Intervención Municipal, que «no cuestionaron la operación inmobiliaria ni dictaminaron en su contra».

En síntesis, el fallo sostiene que la mega operación inmobiliaria se ajustó a la legalidad por varios motivos, entre ellos que la EMVS se encontraba en quiebra y su gestión era inviable y que la tasación que se hizo de los pisos fue la correcta dada la devaluación del parque inmobiliario tras la crisis de 2008.