Ángel Luis Ortiz (Secretario general de Instituciones Penitenciarias): «Con la transferencia de Prisiones, Euskadi podrá interpretar la legislación penitenciaria»

– El País Vasco está a punto de recibir la transferencia de las cárceles, ¿qué supone?

– Supone recibir la transferencia de las tres prisiones –dos de ellas, la próxima de Zubieta y la de Zaballa, de nueva generación– y todas las decisiones que tienen que ver con los internos que están en esas cárceles, unos 1.300 aproximadamente, y la gestión de toda la política de personal que está en esas prisiones; estamos hablando de unos 570 funcionarios. Me gustaría acordarme precisamente en este momento de todos ellos, de todos los que han trabajado durante décadas y de los seis que fueron víctimas del terrorismo de ETA.

– ¿Pero se transfiere la política penitenciaria?

– Es una cuestión de matices. Lo cierto es que las decisiones que se van a adoptar para las personas privadas de libertad serán competencia del Gobierno Vasco cuando se produzca la transferencia a la Comunidad Autónoma. Lo que no se transfiere es la promulgación de leyes, de reglamentos donde si fijen los criterios que hay que seguir en materia de derecho penitenciario. La Ley General Penitenciaria y el reglamento son normas que se aplican en todo el territorio nacional. Pero la interpretación de esa legislación compete al Gobierno Vasco. Si por política penitenciaria se entiende que son las decisiones que competen a la clasificación de grados, eso se transfiere al órgano que va a recibir la transferencia. Son las juntas de tratamiento penitenciario las que hacen las propuestas, pero la última palabra es el departamento correspondiente del Gobierno Vasco.

– ¿Pero la última palabra no la tiene el juez?

– La forma de actuar en tema de clasificación de grados es una propuesta por parte de la junta de tratamiento penitenciario, que llega al departamento del Gobierno Vasco, y ese departamento dicta una resolución administrativa. Y esa decisión, si al interno no le agrada, puede ser recurrida efectivamente al juez de vigilancia.

– El PP sostiene que los acercamientos de los presos son fruto de una negociación encubierta del Gobierno con EH Bildu. Desde algunas asociaciones de víctimas del terrorismo, en esa línea, dicen que las decisiones de los traslados son «un insulto a las víctimas»...

– No hay ninguna estrategia, ningún plan preconcebido con carácter general, lo que hacemos es actuar caso por caso. Las juntas de tratamiento hacen sus propuestas, o los internos recurren, y desde Instituciones Penitenciarias, que es desde donde se diseña la política penitenciaria, se decide teniendo en cuenta las circunstancias que nos hacen llegan las juntas y los propios interesados. No existe ninguna estrategia de clasificar a todos. Eso es absolutamente falso. Se va actuando conforme llegan las propuestas y los recursos.

– El anuncio del traslado de García Gaztelu 'Txapote' de Huelva a Madrid ha recibido duras críticas por parte de la AVT...

– Respetamos profundamente el dolor y el rechazo que las decisiones que toma la Administración penitenciaria pueden causar en las víctimas. Pero no podemos gestionar a los 47.500 internos que custodiamos en función de la opinión de sus 47.500 víctimas. Nosotros tenemos que aplicar la ley. En el caso concreto de García Gaztelu, las víctimas han de saber, además, que no se le ha aplicado ningún beneficio penitenciario. Un traslado no lo es. Seguirá cumpliendo condena en Madrid exactamente igual que la cumplía en Huelva.

– ¿Tiene sentido hoy la dispersión?

– La estrategia de la dispersión ha dejado de tener sentido. Han cambiado las circunstancias que se tuvieron en cuenta hace años, hoy el hecho objetivo y claro es que ETA ha desaparecido y muchas de las personas que están en prisión con condenas importantes están evolucionando hacia la presentación de escritos donde se reconoce el daño, se rechaza la violencia, se admite la utilización de vías pacíficas... Todo eso se valora, se tiene en cuenta la cantidad de tiempo que llevan en prisión, caso por caso, y se van tomando las decisiones oportunas tanto en progresión de grados como de traslados. Hay que recordar que, en su origen, la estrategia de la dispersión pretendía luchar también dentro de las cárceles contra ETA. Ha habido un cambio radical tras la disolución de la banda terrorista. Todo ello con arreglo a lo que dice la ley, el artículo 12 de la Ley General Penitenciaria que establece que, en el cumplimiento de la condena y en la asignación de un centro, hay que tener en cuenta todas las circunstancias del penado, también lo que se conoce como el arraigo.

– ¿En verano la mitad de los reclusos ya no estarán en cárceles al sur de Madrid?

– No podría garantizar esa afirmación porque está supeditada a lo que aquí percibamos. En los casos que estamos resolviendo, en la mayoría de ellos nos llegan escritos de personas rechazando la violencia, apostando por las vías pacíficas e, incluso, alguno de ellos haciendo frente a su responsabilidad civil. No son condiciones para que un interno pase al régimen ordinario, el segundo grado. Mucho menos para disponer un traslado, que es una decisión meramente administrativa. Pero nosotros lo valoramos, al igual que lo valoran las juntas de tratamiento cuando hacen sus propuestas. Sí son condiciones legales también la petición de perdón y la colaboración con las autoridades para esclarecer posibles casos sin resolver para pasar del segundo al tercer grado. De hecho, en este sentido, solo hemos resuelto en 17 ocasiones. Para acceder a la semilibertad es imprescindible que los condenados den pasos y se comprometan con las exigencias que establecen el Código Penal y la Ley General Penitenciaria.

– ¿Podría ofrecer más datos al respecto?

– Un 20% de los 194 internos pertenecientes a la organización terrorista ETA ya están en el País Vasco, un 61% están en prisiones próximas, entendiendo por prisión próxima la que está a menos de 200 kilómetros. Y más allá de esa distancia queda un 16% de penados. En segundo grado se encuentran el 75% de los internos por estos delitos.

– ¿Se consiguen resocializar los presos de ETA?

– El objetivo incumbe a todos los presos. Queremos que, con los 47.500 reclusos que hay en toda España y con una ley veterana muy garantista, las personas que salgan de prisión lo hagan en mejores condiciones que las que entraron.

– ¿Y para ello qué prestaciones ofrecen?

– Tenemos más de 20 programas sociales que ofrecemos a las personas privadas de libertad, dentro del carácter de voluntariedad que tiene su adhesión o no por parte de los recursos. Son programas muy novedosos sobre todo en relación a la Justicia restaurativa.

– Una Justicia restaurativa que busca propiciar los reencuentros con las víctimas...

– Exacto, no es el requisito esencial, pero es una de las estrategias. Cuando hay justicia restaurativa, una de las formas de acabar esos encuentros es sentando a las víctimas y a los victimarios, pero esos procesos pueden acabar también de otras maneras, no todo tiene necesariamente que pasar por este reencuentro.

– En su día se impulsó la llamada 'vía Nanclares' para la reinserción de los presos de ETA. ¿Cabe margen de maniobra para alguna iniciativa similar?

– En la medida en la que los internos de todo tipo, no solo los condenados por terrorismo sino por todo tipo de delitos, demanden este recurso, la obligación de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es poner los recursos adecuados al alcance de las personas privadas de libertad para que todo aquel que quiera pueda participar y tener un encuentro restaurativo. Otra cosa es que, tratado el penado, tenemos que entrar en contacto con las víctimas para ver si pueden participar en este tipo de encuentros.

– ¿Esta justicia restaurativa es la que va a servir para cerrar las heridas de tantos años de terrorismo en Euskadi?

– Claro, lo que ocurre es que tanto por parte de la víctima como del victimario, hablar de Justicia restaurativa es introducir un factor clave que es la voluntariedad por ambas partes.

– ¿Qué piensa de los 'ongi etorris' a los presos que salen de las cárceles tras cumplir sus condenas?

– Personalmente estoy en contra de los recibimientos públicos a personas que salen de prisión por este tipo de delitos. A nivel familiar y en el ámbito íntimo es comprensible que puedan alegrarse los familiares, pero esa expresión de alegría nunca puede trascender a espacios públicos porque, evidentemente, se está dañando mucho a las víctimas que padecieron los actos terroristas.

– ¿La cárcel en España sirve para cumplir esa función constitucional de reinserción?

– Si tuviera que darle datos, más allá de una opinión personal que yo pueda tener, en este momento el estudio mayor de reincidencia que nosotros trabajamos y actualizamos nos dice que el 69% de todas las personas que pasa por una prisión no vuelve a delinquir. Ese es el dato objetivo. A partir de ahí se pueden hacer las interpretaciones que se quieran. Solo reinciden tres de cada diez.

– ¿Qué piensa de la petición de indulto a los presos del procés?

– La petición de indulto la tiene el Gobierno, le corresponde a él su tramitación. Pero es que, además, la administración penitenciaria de estas personas corresponde a la Generalitat de Cataluña. Sería un atrevimiento por mi parte opinar o comentar sobre expedientes que no me corresponde juzgar.