El entorno de los presos de ETA pide al PSE «una actitud proactiva» para su excarcelación
El Gobierno Vasco ha concedido 32 terceros grados a reclusos de la banda terrorista durante el último año y seis han sido recurridos por la Fiscalía
La consejería de Justicia del Gobierno Vasco ha cambiado esta legislatura de color político, pasando a manos de la socialista María Jesús San José, tras ... la gestión de la jeltzale Nerea Melgosa. Una modificación que ve con buenos ojos la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA Sare, ya que considera que la Administración Penitenciaria vasca dispone de «mejores condiciones para desarrollar sus funciones que las existentes en 2021—entonces dirigida por Beatriz Artolazabal hasta dejar el cargo en 2023—». En este sentido, Sare pidió al nuevo Ejecutivo que tenga «una actitud proactiva, siempre dentro de los límites legales, frente a las limitaciones establecidas en las leyes de excepción» y que busque «soluciones creativas» para la excarcelación de los presos.
Sare ofreció ayer los datos anuales y la valoración de la situación de los reclusos de ETA. Joseba Azkarraga y Nahikari Iturbe, portavoces de la plataforma, señalaron que, a día de hoy, 148 presos y presas se encuentran bajo custodia en centros penitenciarios de España y Francia. De estos, 126 son hombres y 22 mujeres. La mayoría, 142, están en cárceles de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, mientras que 6 se encuentran en prisiones del Estado Francés.
En cuanto a la evolución de la política penitenciaria, durante el periodo comprendido entre agosto de 2023 y el mismo mes de 2024, Sare puso especial atención en las decisiones adoptadas por la Viceconsejería de Justicia del Gobierno Vasco. En particular, han revisado las propuestas de progresión de grado de los presos. Así, explicaron que las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios de Euskadi han propuesto un total de 34 progresiones a tercer grado, de las cuales 32 han sido aprobadas. En todo caso, recordaron que el Ministerio Fiscal ha recurrido 6 de estas progresiones, logrando la suspensión del tercer grado en 5 casos, con el regreso provisional de los presos a prisión mientras el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria (JCVP) se pronuncia.
El número de recursos presentados por el Ministerio Fiscal en este periodo, según relataron los portavoces de la plataforma, «se ha reducido en relación al pasado año, pero aún está muy alejado del 3% de los recursos que presenta la Fiscalía del País Vasco, en aquellos casos no relacionados con presos de ETA». En cuanto a los reclusos de edad avanzada, Sare criticó la falta de progresos para su excarcelación. A pesar de que la ley permite el acceso anticipado al tercer grado para presos mayores de 70 años, «varios de ellos siguen en prisión con condiciones de salud delicadas».
Sare cree que «vulnerar los derechos» de los presos «no ayuda a mitigar el dolor» de las víctimas
Ante esta situación, los representantes de Sare exigieron a la nueva administración que ponga fin a estas medidas de «excepcionalidad, en una época en la que no cabe alegar amenaza alguna, dando paso así a los mecanismos integradores y humanistas de la Justicia ordinaria. No se puede construir un país dando la espalda a los derechos de las personas, porque, de esta forma, estaremos cerrando en falso una época trágica de nuestra historia».
También pidieron a la consejería controlada ahora por los socialistas que su política «profundice en el avance de este Modelo Penitenciario Vasco, que, debe recordarse, no es una opción partidaria sino una apuesta del conjunto de la sociedad vasca, ratificada por el Parlamento Vasco». Y para ello Sare abogó por el diseño y aprobación, lo antes posible, de la estabilización de condiciones laborales para una plantilla dimensionada de acuerdo con las necesidades, y una dotación presupuestaria anual adecuada.
«Enroque judicial»
Los recursos de la Fiscalía preocupan a Sare y explicaron que «un enroque judicial que vulnera los derechos» de los presos, «no ayuda para nada a mitigar el dolor» de las víctimas. Asimismo, les «resulta difícil de entender todo esto, cuando estamos hablando de presos con muchos años de condena cumplidos y pertenecientes a una organización que desapareció hace más de seis años». Además, recordaron, «el fin de la violencia se produjo hace más de 13 años y en muchos casos, los hechos por los que estos presos cumplen condena ocurrieron en la década de los 90 del siglo pasado».
Azkarraga e Iturbe también insistieron en que «tanto en el caso de aquellos que recuperaron su libertad tras el cumplimiento íntegro de su condena en primer o segundo grado, sin acceso al exterior ninguno, como en el caso de aquellos otros que han ido cumpliendo sus condenas en régimen de semilibertad o libertad condicional, el porcentaje de reincidencia es, prácticamente, cero».
La plataforma de apoyo a los presos quiso «hacer constar que la relación que ha existido entre la red ciudadana SARE y el Departamento de Justicia ha sido positiva, normalizada». Así, añadieron que «se nos ha escuchado, aunque en ocasiones nuestras demandas no hayan tenido una respuesta positiva. Pero siempre hemos considerado que asociaciones como la nuestra, aunque trabajamos en el ámbito de lo político, no nos disputamos ese espacio». Aseguraron que han actuado siempre «con lealtad», y agradecieron las labores de sus interlocutores.
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