La crisis sanitaria del coronavirus avanza en el planeta hasta el punto de que la propia Organización Mundial de la Salud la califica ya como « ... pandemia global». Este sello que acuñan las autoridades sanitarias a la expansión de este patógeno adquiere una magnitud tal que está provocando desde hace días que gobernantes de todas las latitudes y colores se estén volcando para defender la salud de los ciudadanos, un bien común y un derecho universal que debe prevalecer sobre cualquier cosa. Y en esas está el Gobierno Vasco, con el lehendakari Urkullu y la consejera Murga a la cabeza, para poder atajar el virus en Euskadi en todos los frentes. Por este motivo se hace más necesario que nunca la unidad de los partidos para abordar con responsabilidad este asunto, que debe estar alejado de las perversas tentaciones electorales de los partidos, sobre todo cuando el 5-A se mantiene vivo.
El lehendakari, que pide a los partidos que eviten debates públicos sobre las consecuencias de la epidemia en el escenario electoral –en alusión a Otegi–, ya admite que su gabinete baraja las circunstancias jurídicas y de índole sanitaria que podrían incidir en un posible aplazamiento de las elecciones vascas, cuya precampaña arranca la próxima semana.
Los más prestigiosos juristas detectan la existencia de un vacío legal que determine con nitidez de qué manera jurídica y quién debería ser el principal responsable que en última instancia decida sobre una posible desconvocatoria electoral por una fuerza mayor sobrevenida. Con centros docentes cerrados por dos semanas –caso de Álava y algunas zonas de Bizkaia– y con evidentes restricciones para evitar aglomeraciones, resulta cuando menos curioso que una laguna jurídica impida despejar las dudas sobre quién, cómo, cuándo y de qué manera se pudiera decidir sobre un hipotético aplazamiento electoral. Día a día.
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