PNV y PSE coinciden en señalar a Díaz por el freno del traspaso de la Seguridad Social

La transferencia de las prestaciones familiares no contributivas y del seguro escolar, acordadas en la Comisión Bilateral presidida por Pedro Sánchez e Imanol Pradales en La Moncloa, supusieron un avance. Y es que por primera vez Euskadi asume funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y de la Tesorería General (TGSS). Sin embargo, el botín no se completó en lo relativo a las políticas pasivas de empleo, la principal materia en negociación. El Gobierno vasco aspiraba a gestionar 800 millones de euros al año en prestaciones y subsidios a través de Lanbide y que desaparecieran así las oficinas del Sepe.

Al término de la reunión, desde la propia sala de prensa de La Moncloa, el lehendakari no ocultó su insatisfacción por el desacuerdo en este punto y apuntó de forma velada a la responsabilidad del Ministerio de Trabajo. Reconoció que Sánchez sí había mostrado «voluntad política» para avanzar en los traspasos comprometidos, pero le exigió que «ponga orden» en su Gobierno para «remover los obstáculos administrativos y las resistencias políticas que nos estamos encontrando». Habló, en concreto, de «concepciones centralistas o centralizadoras» que estarían impidiendo la transferencia de las prestaciones del paro.

Un día después, incluso el sector socialista del Gobierno Vasco ha señalado a Díaz por la situación de bloqueo. El vicelehendakari y consejero de Empleo (la cartera que gestionará las competencias que tengan que ver con la Seguridad Social), Mikel Torres, ha apuntado inequívocamente al sector de Sumar. «Es verdad que hay una serie de reticencias importantes, no especialmente por la parte del Gobierno del PSOE, sino más bien por quien gobierna el Ministerio de Trabajo», ha dicho el también secretario general del PSE-EE en Bizkaia, que en todo caso ha reivindicado la «voluntad» de Sánchez para resolver el desacuerdo.

A nivel puramente de partido, el PNV también ve al ala de Sumar como responsable del desacuerdo, si bien Maribel Vaquero ha centrado sus demandas en el jefe del Ejecutivo. «Para nosotros, el Gobierno es uno, independientemente de que sea una coalición», ha fijado como premisa la portavoz jeltzale en el Congreso en una entrevista en Onda Vasca. Y, como tal, ha recordado que el acuerdo de investidura firmado en 2023 con el PSOE, que contempla la culminación de los traspasos pendientes para finales de este año, vincula a todos los miembros del Ejecutivo, «aunque el Ministerio esté dirigido por una persona de Sumar».

La dirigente nacionalista, además, ha extendido la responsabilidad del desacuerdo a los dos principales sindicatos nacionales, CC OO y UGT, que estarían presionando en contra del traspaso por el «miedo a que se pueda romper la caja única o que haya diferencias entre los trabajadores del Estado». Se trata de una tesis abonada por partidos y funcionarios del Estado que Lakua siempre ha tratado de rebatir. «Nada más lejos de la realidad», ha respondido Vaquero, quien ha planteado que las prestaciones y subsidios de desempleo tienen que transferirse «porque son parte del artículo 10 del Estatuto de Autonomía del País Vasco».

Díaz y los dos grandes sindicatos nacionales se convierten así en las nuevas bestias negras del nacionalismo vasco en su histórica aspiración de asumir la gestión de la Seguridad Social y culminar lo dispuesto en el Estatuto de Gernika de 1979. Antes lo fueron otros representantes del Gobierno como José Luis Escrivá, al que el PNV llegó a tachar de «ministro obstáculo», o incluso carteras que en su día gestionó Podemos y en las que Sabin Etxea observaba un «afán centralizador».