El nuevo Juzgado de Donostia se pondrá en marcha este año para aliviar la subida de un 35% de los casos

Barbarin remarca que todos los Juzgados de Primera Instancia de la capital han superado, «con creces», la carga de entrada de asuntos en los últimos cuatro años. De hecho, los casos llegados en 2024 -el estudio llega hasta el mes de septiembre de ese año- han sido de 17.925 en los ocho juzgados frente a los 13.245 de 2021. Uno de los incrementos más destacados, lo registra el Juzgado de Primera Instancia número 8, con la entrada de 9.381 asuntos el pasado año, frente a los 3.015 de 2021.

En su propuesta, Barbarin realiza una descripción de la situación de la Audiencia Provincial, así como de los órganos judiciales del territorio histórico e indica las necesidades existentes y propuestas de solución que, a su juicio, «redundarán en una mejora de la eficacia y eficiencia en la respuesta que ofrecen los juzgados de toda la provincia a los ciudadanos». Describe que Gipuzkoa, con una población de 730.000 habitantes y una ubicación fronteriza con Francia, que genera un constante flujo de personas, negocios y actividades, así como cuestiones transfronterizas, de carácter administrativo, se traduce en la generación de conflictos específicos, de naturaleza civil y penal, obligando a la comunicación y colaboración constante entre autoridades judiciales y fiscales de las zonas limítrofes de los dos estados. La planta judicial de Gipuzkoa está distribuida en seis partidos judiciales: Irun, Tolosa, Azpeitia, Bergara, Eibar y San Sebastián, este último el más importante en volumen de asuntos ya que atiende a una población de unos 186.000 habitantes.

Los datos aportados por Barbarin reflejan una evolución de la situación de los juzgados y tribunales en el territorio muy similar a la existente en el resto de la Comunidad Autónoma Vasca, si bien los tasas de la jurisdicción civil y penal (enjuiciamiento), «sí son ligeramente superiores» en cuanto a pendencia -estado de un juicio que está pendiente de resolución- y congestión en el año 2023, en línea igualmente con el volumen de entrada de asuntos.

El resto de partidos judiciales del territorio, Irun, Tolosa, Azpeitia, Bergara y Eibar, sin embargo, no superan, a salvo de referencias puntuales, un volumen de entrada de asuntos durante tres años superior al 120%. Esto significa, según el trabajo de Barbarin, que la situación en estas consideraciones globales «es correcta», sin perjuicio de la problemática puntual que pueda presentarse en algún partido judicial, «de forma vinculada a un número significativamente desigual de entrada de asuntos entre juzgados del mismo partido». Destaca que, aunque en alguno de los dos órdenes jurisdiccionales la situación pueda apuntar a una ligera sobrecarga, se compensa siempre con el menor volumen de entrada de asuntos en el otro orden jurisdiccional.

En lo que respecta a la Audiencia de Gipuzkoa, la magistrada apunta que en la Sección Segunda de la Audiencia, integrada por cinco magistrados, la lectura de los datos -2.668 asuntos pendientes a fin de año en el periodo analizado de 2024, frente a los 2.198 de 2023 y los 1.900 de 2022- pone de manifiesto, a su juicio, que, «a salvo de la ligera bajada en la entrada de asuntos en 2023, en el resto del período examinado la entrada de asuntos ha seguido un volumen creciente, y lo que se antoja y presenta como más relevante, la pendencia, en la resolución de juicios ordinarios, en asuntos de familia así como en otras categorías, también tiene una intensidad creciente». Barbarin estima que no es una situación puntual y su propuesta pasa por la creación de una sexta plaza de magistrado.

Barbarin concluye que la evolución del volumen de entrada de asuntos en los juzgados y tribunales de todo el territorio, revela que la carga de trabajo «no puede decirse que sea ni mucho menos menor, siendo imperiosa la necesidad de refuerzo del orden jurisdiccional civil en sus dos instancias, y del orden penal, enjuiciamiento y ejecución, en primera instancia». Igualmente, considera que es necesario examinar con detenimiento la evolución de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en todo el territorio histórico en general, y en Irun, en particular. Apunta también que las tasas de congestión y resolución de casos civil y penal del territorio son ligeramente superiores a la media de la Comunidad Autónoma Vasca.