Moncloa busca apaciguar al PNV para evitar que su distanciamiento colapse la legislatura

El presidente del Gobierno apuesta por rebajar los decibelios, trata de evitar el divorcio del PNV con el pacto para la reforma laboral y, de paso, zanjar su descontento a raíz de la oferta de traspaso del Ingreso Mínimo Vital.

Sánchez empieza a ser consciente de que la inquietud jeltzale, por un lado, y el alejamiento de ERC y EH Bildu, por el otro, puede ir a mayores y lo que hasta ahora es una amenaza más retórica, puede convertirse en un serio conflicto político más a medio plazo con efectos desestabilizadores para la legislatura.

El presidente quiere fortalecer su relación con el PNV como socio preferente de la legislatura y, de paso, abortar la posibilidad de un hipotético acercamiento entre el PP y los jeltzales, un escenario político que no parece viable, pero que supondría una espada de Damocles para su hoja de ruta.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, trasladó la semana pasada a la consejera de Gobernanza, Olatz Garamendi, en una conversación telefónica que el Ejecutivo va a trabajar la transferencia del IMV «con un absoluto rigor técnico y jurídico».

Según la versión que ofreció ayer el Ministerio de Política Territorial, existe un acuerdo político «en avanzar en esa dirección, que se acabó constatando en un acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado». «Hay una concreción técnica para avanzar en este compromiso y el País Vasco avanza en el calendario de acuerdos dentro del marco de su Estatuto de Autonomía».

Fuentes del Ministerio insistieron en que «el Gobierno de España está comprometido en la hoja de ruta compartida con el Gobierno Vasco, vamos a desarrollarla y a seguir los trabajos para abordar el calendario de transferencias». Y fueron tajantes: «El Gobierno cumple los acuerdos».

En la conversación telefónica que mantuvo con Garamendi, la ministra aseguró que la transferencia del IMV no será temporal, que la renovación del convenio que fija la transferencia será automática, y que el requisito técnico planteado por el ministro para la Seguridad Social, José Luis Escrivá, intenta esquivar un escollo jurídico en la medida en la que el autogobierno vasco se basa en el Concierto. El Gobierno central sigue a la espera de una respuesta formal y de las alegaciones de Garamendi.

Sobre el otro caballo de batalla, el acuerdo para la reforma laboral, Moncloa confía en que el respaldo directo al proyecto por parte de la cúpula empresarial y, sobre todo, el aval que ha recibido desde la Unión Europea, van a influir en la decisión jeltzale definitiva. En su opinión, el acuerdo social logrado en la mesa de negociación le proporciona una carga de legitimidad «que el legislativo no puede obviar». El Ejecutivo, al menos desde la parte socialista, insiste en que la reforma se plantee mediante un real decreto-ley convalidado por el Congreso, no como un proyecto de ley abierto a posibles enmiendas por parte de los diferentes grupos parlamentarios. Y consideran que, más adelante, puede abrirse la puerta al debate sobre algunas de las reivindicaciones en torno a la prevalencia del marco autonómico de los convenios, que se ha convertido en una bandera para el PNV de gran relieve político en esta negociación. El grupo de Ciudadanos trasladó ayer el mensaje de que podría respaldar la iniciativa «si no se toca ni una coma» del acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social entre la CEOE y los sindicatos.

El Gobierno también ha desplegado otras iniciativas más internas para promover un clima de confianza con las instituciones vascas y para trenzar complicidades en otros ámbitos de interlocución, frente a la tesis esgrimida por el PNV de que Sánchez ignora las demandas del Ejecutivo vasco en materia de autogobierno de forma reiterada.