El juez interroga hoy a Antxon, el empresario de Elgoibar que vincula a Cerdán, Ábalos y Koldo

Por el alto tribunal desfilarán Fernando Merino, exdelegado de Acciona Construcción en País Vasco y Navarra, y el empresario elgoibarrés Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, la pequeña empresa navarra que está en el centro de la investigación porque vincula a los tres principales investigados: el propio Cerdán, el exministro Ábalos y el entonces asesor de éste, Koldo García. Con el añadido político, no menor, de que el exnúmero tres del PSOE señaló ante el instructor que había recurrido a Alonso para que le hiciera de enlace con el PNV y EH Bildu, convertidos en sostén indispensable del Gobierno de Pedro Sánchez. Los peneuvistas niegan esa mediación.

El nexo con el empresario señala a Cerdán porque en junio de 2016 firmó una escritura privada con Alonso por la cual adquirió el 45% de las participaciones sociales de la mercantil. Aunque en la declaración que desembocó en su encarcelamiento Cerdán negó que el documento fuera elevado a público e, incluso, aseguró que fue revocado pocos días después o que el objeto social de Servinabar nada tenía que ver entonces con la construcción, Puente considera este papel hallado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el registro de la vivienda de Alonso como un indicio clave de la causa.

Servinabar, que comenzó siendo una consultora para saltar después a la construcción, recibió media docena de contratos del Gobierno Foral de Navarra entre 2017 y 2023, valorados en unos 86 millones de euros. Los consiguió yendo de la mano con el gigante Acciona a través de una Unión Temporal de Empresas (UTE).

En el caso de Ábalos, el vínculo con esta sociedad se debe a un pago de 4.500 euros realizado en julio de 2018 a una ONG vinculada al exministro, la Fundación Fiadelso, en concepto de «donativo». La UCO sospecha que ese abono es, en realidad, un pago recurrente, según se desprende de las grabaciones intervenidas a Koldo García en su casa. El asunto es que el exasesor del ministro, una vez tuvo constancia por medio de Cerdán de que la cantidad había sido satisfecha por la empresa, manifestó a la hija de Ábalos que ese retraso no se volvería a producir.

Finalmente, el nexo de Servinabar con Koldo es más antiguo. Su administrador Antxon Alonso, 'el guipuchi' para la trama por su origen guipuzcoano, fundó en junio de 2015 junto a García una sociedad denominada Noran Sociedad Cooperativa Pequeña, cuyo objeto social era la «gestión y administración de la propiedad inmobiliaria». La Guardia Civil señala al exasesor de Ábalos como «titular real» de una cuenta bancaria de esta cooperativa entre 2015 y 2020, en la que Alonso aparece como apoderado.

Pero la conexión entre ambos no se limita a la sociedad inmobiliaria. Uno de los informes policiales menciona que desde una cuenta de Servinabar se transfirieron 3.000 euros entre 2017 y 2018 a una cuenta a nombre de Koldo y su entonces pareja, Patricia Uriz, sin que se haya especificado en qué concepto se realizó el pago.

Y en esta conexión navarra es donde la hipótesis incriminatoria del juez Puente y del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón –avalando por completo el relato de la UCO–, sitúa el origen de la presunta trama de mordidas a cambio de contratos públicos. Un mecanismo nacido al menos en 2015 que luego dio el salto al Ministerio de Transportes tras el nombramiento de Ábalos en 2018. Cerdán habría colocado en el departamento gubernamental a Koldo para ejercer influencia sobre el entonces ministro y actual diputado del Grupo Mixto.

Que el guipuzcoano –así lo identifica García en las conversaciones grabadas incluidas en el informe de la UCO, pero con diminutivos familiares como el citado 'guipuchi' o 'guipu'– estuvo en el núcleo fundacional del esquema navarro lo prueba el hecho de que Noran Coop se constituyó en junio de 2015, Servinabar tres meses después y la UTE que esta última formó con Acciona, en noviembre de ese mismo año. En diciembre, Acciona y Servinabar ya fueron contratados por Geoalcali, la filial española de la multinacional australiana Highfield, para construir una mina de potasa entre Navarra y Aragón.

Los investigadores han encontrado un correo electrónico de septiembre de 2015 en el que el investigado Fernando Merino, siendo directivo de Acciona, le pregunta a Koldo por los pliegos del contrato con Geoalcali. El mensaje lleva en copia a Antxon Alonso. Es decir, hacia finales de 2015 ya estaba operativo el motor con sus cuatro pistones: Koldo, Antxon y Santos, de un lado, y Merino de otro, siempre según el relato de la UCO. Hoy los dos empresarios testifican con la vista puesta también en las medidas cautelares que pida contra ellos Anticorrupción.