Jaime Ignacio Del Burgo: «Nadie puede exigir al PP consenso para ayudar a destruir la democracia española»

Los partidos vascos encaran la reforma de un nuevo Estatuto sin resolver sus discrepancias en materia soberanista. Jaime Ignacio del Burgo, experto designado por el Partido Popular, denuncia en este periódico que las propuestas del resto de comisionados tienen una «concepción radicalmente inconstitucional», y advierte de que seguir adelante sería «el comienzo de un grave conflicto con el Estado».

-Ha calificado el resultado de la comisión como un «rotundo fracaso». ¿No ve ningún aspecto positivo en estos 14 meses de trabajo?

-La ponencia nos había encomendado preparar un proyecto legislativo partiendo de las bases y principios que el PNV y EH Bildu habían propuesto y aprobado solo con sus votos el 6 de julio de 2018. Además había que explorar vías para llegar a un consenso más amplio. Pues bien, nada de eso se ha cumplido. El único aspecto positivo es que el fracaso es en sí mismo un éxito del constitucionalismo y del verdadero foralismo histórico, que se resiste a convertirse en el hombro congelado de la Comunidad. Y que los comisionados hemos sido capaces de debatir en un clima de respeto y cordialidad.

-¿Por qué considera que la redacción de la propuesta de la reforma era «la historia de un imposible»?

-Las bases eran infumables desde el punto de vista constitucional. No se puede pretender, sin modificar previamente la Constitución, que el País Vasco establezca una relación confederal con España. Es decir, que de pronto tres territorios de una nación inexistente como es Euskal Herria deciden erigirse en Estado soberano para eliminar toda huella de pertenencia a la nación española porque la Constitución ampara el derecho del Pueblo Vasco a la autodeterminación. Nadie recuerda que el PNV se abstuvo en el referéndum del 78 porque la Constitución no garantizaba la restauración de los Fueros.

-¿Y?

-Pues bien, ahora nos dicen que los derechos históricos legitiman el derecho a decidir, que es sinónimo de derecho a la autodeterminación. Pero para ello cometen un solemne contrafuero al arrebatar la titularidad de los derechos históricos a los territorios forales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, que son sus legítimos propietarios. Antes las tropelías antiforales venían del Estado centralista. Si el contubernio PNV-Bildu sale adelante, las protagonizarán las instituciones comunes de Euskadi.

-¿Tropelías antiforales?

-Sí. Es el mundo al revés. Por eso, cuando el lehendakari dice que hay que hacer una «interpretación flexible» de la disposición adicional, o no sabe lo que dice o demuestra una gran dosis de cinismo político. Las calenturas de batzoki debieran reservarse a Ortuzar, que no hace mucho en Foronda demostró su gran voluntad de concordia al decir aquello de «no somos españoles ni por el forro».

-Precisamente el principal punto de disenso es el derecho a decidir...

-Por supuesto. Es un punto de disenso capital. El derecho de autodeterminación no está contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos para amparar la secesión en un Estado donde hay una democracia plena y los ciudadanos no padecen ninguna discriminación por razones étnicas. Y este es el caso de Euskadi que, en el seno de una nación democrática disfruta de un régimen autonómico cuyas instituciones poseen un nivel de autogobierno extraordinariamente elevado. Los poderes vascos gestionan educación, sanidad, servicios sociales, infraestructuras, impulsan el desarrollo socio-económico en todos los órdenes. Y lo digno de valorar es que mantienen una autonomía tributaria gracias al Concierto Económico que, tras haber sido denostado inicialmente por el PNV, hoy constituye un pilar fundamental del autogobierno.

-El lehendakari ha pedido «altura de miras»...

-Me sorprende esta petición. La irresponsabilidad es intentar meter al País Vasco en un callejón sin salida, siguiendo la huella de Cataluña. ¿Quiere tirar por la borda todo lo conseguido? Los herederos políticos de ETA son dogmáticos, intransigentes, totalitarios, y doblan la rodilla ante una Euskal Herria imaginaria que quisieron implantar a sangre y fuego. Resulta sorprendente ver a un partido de extrema izquierda como Bildu darse la mano con un partido defensor de una concepción liberal de la sociedad en términos similares a los de partidos nacionales que, según ellos, no tienen sitio en el País Vasco y a los que a todas horas llaman fascistas. Por ese motivo, que el PNV decida hacer pareja con Bildu para echar un nuevo pulso al Estado, en contra del interés general de la ciudadanía vasca, y pida altura de miras es todo un esperpento.

-También Urkullu se ha comprometido a «no alentar la confrontación». ¿Lo ve posible?

-Pues no. Urkullu se comporta como el gran pirómano que después de incendiar el bosque llama a los demás para apagar el fuego.

-¿Cree que todavía es posible lograr puntos de encuentro?

-Si en el Parlamento vuelven a unirse el PNV y Bildu y aprueban un proyecto fiel reflejo de las bases de 2018, serán responsables del inicio del tsunami vasco. Otegi ha llamado a los suyos a «hacer gimnasia» y «volver a ocupar la calle». Aunque pienso que ese símil demuestra que ya no están en forma, porque el tiempo pasa para todos. Otra cosa sería que los nacionalistas buscaran el consenso con los partidos constitucionalistas para una reforma o actualización del Estatuto de 1979 dentro del marco de la Constitución.

-Asegura usted que hay más coincidencias del representante del PSE con sus argumentos que con los del PNV. ¿A cuáles se refiere?

-El comisionado por el PSE no comparte la definición de Euskadi como nación; propone que no haya ninguna referencia a Navarra en el título preliminar y, en concreto, en el artículo referido al territorio; sostiene que el País Vasco es una Comunidad Autónoma; no admite la existencia de una Comisión Mixta del Concierto Político; rechaza que los conflictos con el Estado se resuelvan al margen de los procedimientos constitucionales en una Junta Arbitral; no acepta que el Parlamento Vasco pueda convocar un referéndum y, sobre todo, pide la eliminación de la disposición sobre el derecho a decidir.

-Si finalmente el PP queda fuera del consenso, ¿será también un fracaso de su partido?

-En absoluto. El PP ha pagado en el País Vasco un precio muy duro por defender la libertad y la plena vigencia de la Constitución, que se fundamenta en la unidad de España. Nadie puede exigirle consenso para emprender una nueva etapa de confrontación interna y contribuir a la destrucción de la democracia española.

-Más allá de las discrepancias políticas, ¿cómo ha sido la relación con sus compañeros de comisión?

-Ha sido una relación de respeto y cordialidad, algo que no es incompatible con un debate abierto a cualquier punto de vista. Todos ellos son personas de gran profesionalidad.