Los índices de precios del alquiler enfrentan a PNV y PSE con el resto de la oposición en el Parlamento Vasco
Los socios de gobierno han sacado adelante una proposición no de ley en la que demandan «la necesaria colaboración entre las administraciones competentes»
A. I.
Jueves, 13 de febrero 2025, 12:32
La regulación de los índices de precios del alquiler para las zonas de demanda tensionada en Euskadi han enfrentado ese jueves por la mañana a PNV y PSE con el resto de la oposición en el pleno ordinario celebrado en el Parlamento Vasco. Tras un tenso debate, los socios de gobierno han sacado adelante una proposición no de ley en la que demandan «la necesaria colaboración entre las administraciones competentes», al tiemp que demandan al Gobierno que lidera el lehendakari, Imanol Pradales, que actualice «de forma inmediata» los informes de delimitación publicados en diciembre de 2023 y en febrero de 2024, para «facilitar la aplicación de las medidas» que recoge la Ley por el derecho a la vivienda.
EH Bildu ha llevado al pleno ordinario de la Cámara vasca una proposición no de ley sobre el desarrollo y la puesta a disposición del sistema de índices de precios de referencia para el mercado del alquiler, con la que pedía al Gobierno Vasco que lidere el procedimiento para la creación de este índice, en colaboración con las diputaciones forales. Sin embargo, el texto de la coalición ha sido rechazado y la iniciativa aprobada ha sido la presentada por PNV y PSE, con el voto en contra de toda la oposición, EH Bildu, PP, Sumar y Vox.
La proposición no de ley aprobada finalmente en la Cámara de Vitoria insta al Gobierno Vasco a «desarrollar, en el marco de sus competencias, los mecanismos de la legislación vigente relativos al derecho a la vivienda, entre ellos los dirigidos al control de los precios de los alquileres gestionados por grandes tenedores, mediante la declaración de zonas de mercado residencial tensionado». En este sentido, se reafirma en «la necesaria colaboración entre las administraciones competentes, con el fin de generar los índices de referencia de precios del alquiler aplicables en Euskadi para sus zonas de demanda tensionada».
PNV y PSE llaman, asimismo, al Gobierno Vasco a potenciar el Observatorio Vasco de la Vivienda, y que, a través de este Observatorio, y utilizando la Estadística de renta personal y familiar del Eustat 2022, se actualicen «de forma inmediata» los informes de delimitación de zonas de demanda tensionada publicados en diciembre de 2023 y en febrero de 2024, para «facilitar la aplicación de las medidas» que recoge la Ley por el derecho a la vivienda. Por último, la iniciativa que ha visto la luz verde en el Parlamento Vasco pide al Ejecutivo que lidera el lehendakari, Imanol Pradales, que siga desarrollando, «en el marco de sus competencias, políticas públicas en materia de vivienda que favorezcan el acceso a la vivienda del conjunto de la ciudadanía».
En el tenso debate que ha suscitado la proposición no de ley, el parlamentario de EH Bildu Xabier Astigarraga ha criticado que la declaración de zona tensionada en Errenteria «llegó coja», ya que, a su juicio, no se ha desarrollado el índice de precios de referencia. Además, ha acusado al PNV de «utilizar el poder que tiene en las diputaciones para bloquear todo lo que ha podido el proceso de creación del índice».
Xabier Astigarraga ha denunciado que «lo que falta es la voluntad política». Ha opinado que «es muy grave porque el Gobierno Vasco y las diputaciones eran conscientes desde hace tiempo de que tenían la obligación de crear ese índice y no han adelantado absolutamente nada«. Además, ha denunciado que »cuando la declaración de Errenteria ha dejado en evidencia la falta del índice, ni el Gobierno ni las diputaciones están asumiendo sus responsabilidades«.
Por su parte, el parlamentario del PNV Jonatan Moreno ha criticado la Ley estatal de Vivienda que «quita competencias» al País Vasco y «debilita la capacidad de decisión en materia de vivienda de las instituciones vascas». «Es una ley que técnicamente también tiene carencias, echa a toda prisa y que no ha tenido en cuenta la pluralidad institucional del Estado», ha insistido.
Tras afirmar que «nadie en el Gobierno Vasco está en contra de que se declaren zonas tensionadas ni de que se establezcan límites a los precios de los alquileres», ha advertido de que «no solucionará los problemas porque es una medida transitoria». Además, ha puesto en valor las políticas de vivienda del Gobierno Vasco, «medidas estructurales, eficaces y no medidas efectistas en busca de un titular».
También ha criticado que esta ley «olvidó que en el Estado hay cinco haciendas y que las haciendas vascas tienen un sistema de declaración de renta diferente del estatal, en el que no se recoge la misma información y de la misma manera que en el resto del Estado», lo que ha supuesto que las haciendas vascas «tengan que hacer un trabajo complejo de tratamiento de información». «Pero la culpa no es suya, sino de quien hace una ley y se olvida de que existen los territorios históricos», ha insistido.
Por su parte, el parlamentario del PSE Adrián Fernández ha defendido que «el compromiso de su partido con la aplicación de la ley de vivienda y las zonas tensionadas es total», ya que aunque considera que «las zonas tensionadas no son una solución mágica que vaya a solucionar el problema de la vivienda de un plumazo, son un alivio fundamental para miles de familias que hoy están al límite por el precio de alquileres». Tras reconocer que la declaración de Errenteria «ha llegado coja», ha asegurado que «el compromiso del Gobierno es total» y ha subrayado que «es fundamental que cada Administración haga el trabajo que le corresponde».
La parlamentaria del PP Ana Morales ha rechazado el «modelo intervencionista que se deriva de la aplicación de este índice de precios de referencia y de la aplicación de la ley por el derecho a la vivienda» del Gobierno central. Ha abogado por « cambiar el modelo» e impulsar «medidas en positivo», ya que «la solución no es ni limitar precios, ni imponer índices, ni penalizar a los arrendadores».
El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha criticado que la «inacción de los gobiernos del PNV y PSE permiten que esto siga siendo una jungla donde los precios no tienen topes y se puede especular y hacer negocio a costa de los salarios de la gente trabajadora». «Hay un boicot por parte de las diputaciones gobernadas por el PNV y PSE», ha insistido antes de calificar la iniciativa de estos grupos de «brindis al sol».
La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, no ha participado en el debate.
