PNV y PSE tienen el primer choque tras el 23J por el recurso de la Ley de Vivienda al Constitucional
Los tres consejeros socialistas, entre ellos el consejero de Vivienda Iñaki Arriola, manifestaron su desacuerdo
El Gobierno Vasco ha decidido este martes recurrir ante el Tribunal Constitucional siete artículos y varias disposiciones de la Ley estatal de Vivienda por « ... invasión de competencias». La norma que fue aprobada el pasado mes de mayo, en los últimos coletazos de la legislatura y con el apoyo de ERC y EH Bildu, ha recibido una férrea critica por parte del PNV desde que se puso en marcha. El recurso, anunciado ayer, ha dividido a los socios en el Ejecutivo vasco, ya que los tres consejeros socialistas (Idoia Mendia, Iñaki Arriola y Javier Hurtado) se han mostrado en desacuerdo.
El anuncio del recurso se produjo apenas tres días más tarde de las elecciones generales, en las que el PNV recibió alrededor de 100.000 papeletas menos y los socialistas vascos se hicieron fuertes al convertirse en la formación más votada de Euskadi. Ante la decisión de acudir al Tribunal Constitucional, el PSE se desmarcó ayer con un rotundo comunicado, en el que defendió los beneficios de la nueva norma y que, lejos invadir las competencias de Euskadi, cree que «refuerza y complementa las políticas que se pueden desarrollar en el marco vasco».
Los jeltzales abren la puerta al diálogo con el Gobierno estatal antes de llegar al Constitucional, pero la Ley de Vivienda ha sido una medida que no ha gustado en ningún momento a los jeltzales. En la campaña para las elecciones municipales y forales los jeltzales recriminaron a EH Bildu haber apoyado una norma «recentralizadora» y haber colocado una «alfombra roja al Estado para invadir competencias».
El portavoz Bingen Zupiria informó que la nueva ley «ocupa nuestro espacio para poder desarrollar políticas propias, generando, al mismo tiempo, inseguridad jurídica sobre la normativa a aplicar». Y añadió que «se trata de la imposición a Euskadi de ciertas medidas y medios para llevarlas a cabo en aspectos de materia de vivienda que son competencia exclusiva de esta comunidad autónoma».
En el Ejecutivo vasco aseguraron que «el Estado se adentra en aspectos que no le corresponden». Asimismo, lamentaron que el Gobierno central «pretende ser el único poder público que defina la función social de la vivienda, o regular en profundidad las acciones públicas promotoras o la política pública de acceso a la vivienda. De este modo, a la Comunidad Autónoma Vasca solo le queda ser mera ejecutora».
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Las claves de la Ley estatal de Vivienda
El informe jurídico recogido por el Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno destacó que el Estado ha aprobado una ley por el derecho a la vivienda cuyo contenido en gran medida «se encuentra recogido y está bien regulado» con carácter previo por la CAV, a través de la Ley Vasca 3/2015, de 18 de junio. La norma estatal, explicaron, establece reservas de suelo destinadas a VPO en un alto porcentaje, vulnerando la jurisprudencia constitucional al respecto.
En cuanto a la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, se concluye que «la regulación del Estado viene a ocupar el espacio que ha de llenar el desarrollo de la normativa vasca, según la capacidad que competencialmente tiene Euskadi para establecer su propio modelo en esta materia. Cierra la posibilidad de tal desarrollo y, además se reserva funciones ejecutivas».
«Buscar el interés general»
Los socialistas salieron con rapidez a desmarcarse de la decisión del PNV y pidieron que el procedimiento iniciado por el Consejo de Gobierno no entorpezca la puesta en marcha de la legislación estatal en Euskadi y «prive a la sociedad una herramienta que hemos valorado de forma muy positiva desde el momento en que se conocieron los contenidos de la misma». Además, matizaron que «respetando el derecho de cada administración a defender sus intereses y competencias, creemos que la litigiosidad entre estas debe evitarse todo lo posible, buscando el interés general».
Entre los consejeros socialistas habló Arriola, quien considera que «la ley española es muy explícita en el respeto a las competencias de las comunidades autónomas». También quiso aclarar que «las determinaciones contempladas se llevarán a cabo sin perjuicio de los ámbitos en materia de urbanismo, vivienda y ordenación del territorio».
El Partido Socialista de Euskadi recordó que municipios vascos como el de Donostia ya han iniciado el procedimiento para requerir al Departamento de Vivienda, que dirige el socialista Iñaki Arriola, a que proceda, en aplicación de la Ley estatal de Vivienda, a la declaración de zonas tensionadas, de forma que en ellas puedan adoptarse medidas como la aplicación del tope a los alquileres. Ante estas peticiones, el PSE asegura que el departamento se ha mostrado «dispuesto desde el primer momento».
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