Un empresario de Elgoibar, al frente de la firma investigada en Navarra por el caso Ábalos-Koldo

Servinabar 2000 SL es una sociedad unipersonal creada en 2015. Entre su cartera de obras figura la adecuación de oficinas en el Navarra Arena (2017), la reforma del Archivo General (2018) y dos promociones de VPO de Nasuvinsa. Todos estos trabajos impulsados por el Gobierno de Navarra, en las legislaturas primero de Uxue Barkos y luego de María Chivite, fueron adjudicados en UTE con la misma empresa nacional, Acciona, precisa 'Diario de Navarra'.

Las obras de duplicación del túnel de Belate se adjudicaron el 26 de diciembre de 2023 a la UTE formada por Acciona, Construcciones Osés y Servinabar 2000 SL en 62,88 millones (más IVA) con una baja del 20% sobre el importe al que salieron a licitación. El contrato se formalizó el 25 de enero de 2024. Ese mismo año, una pregunta de la formación política UPN, puso en el punto de mira a la firma del elgoibartarra: ¿Qué aportaba una pequeña empresa sin experiencia en obras públicas para tener un 15% de la UTE en una obra de tal calado? Una pregunta que no recibió respuesta.

Alonso Egurrola ha creado en los últimos 15 años otras sociedades, en unas figura como único propietario y en otras como socio. La mayoría son negocios inmobiliarios: Residencial Playa Laga SL (2006), Promociones y Construcciones Etxebal SL (2011), Carrión Ocio SL (2014) o Antal (2014). La última sociedad creada, en noviembre de 2022, es Marbella Real State 190 SL, donde tiene como socio a un empresario extremeño del sector de las renovables. También ha administrado sociedades dedicadas a las energías renovables (Next Generation Caliope Innova SL), seguros (Arrate Insurance y Xarmant Milenium), desarrollos informáticos (Kirolweb) o la industria minera (Grupo Mining Team SL).

La mesa de contratación sobre las obras de Belate, según informa 'Diario de Navarra', estuvo formada por ocho personas: cinco técnicos del departamento de Cohesión Territorial, uno de los cuales, el entonces director de servicio de Nuevas Infraestructuras, era el presidente de la mesa; un técnico de administración pública (rama jurídica) del departamento que ejerció las funciones de secretario; el interventor delegado de Cohesión Territorial, y un representante de la Junta de Contratación Pública.

En la valoración de los criterios cualitativos planteados por las empresas se produjeron varios hechos que pusieron el foco en todo este proceso. Por ejemplo, la documentación aportada por las empresas permaneció varios días en una unidad de red a la que tuvo acceso cualquier empleado público de la dirección general de Obras Públicas.