La Diputación de Gipuzkoa revisa también todas sus adjudicaciones de obras para descartar irregularidades

A preguntas de este periódico, Agirre ha precisado eso sí, que en Gipuzkoa no hay «ningún indicio» de fraude pero que han decidido de oficio realizar este análisis, en línea con lo que está llevando a cabo el Gobierno Vasco y otras instituciones, en plena polémica social sobre este tipo de adjudicaciones a empresas de obra pública por parte de las distintas administraciones.

Por último, Agirre ha señalado que no puede dar ninguna información sobre la empresa Noran Coop, del empresario elgoibarrés Antxon Alonso, imputado en la presunta trama de corrupción del caso Cerdán, y con sede en Donostia. Una empresa de la que fue socio Koldo García, otro de los imputados del caso, y que ha tributado en Gipuzkoa, como publicó este periódico. La empresa tiene sede en el barrio donostiarra de Igara. Agirre se ha escudado en el debido secreto que debe guardar la Hacienda foral.

Esta empresa –a la que la UCO de la Guardia Civil adjudica el presunto desvío de fondos públicos procedentes de adjudicaciones irregulares– se mantendría activa y tributa en Gipuzkoa, según fuentes cercanas a la asesoría que lleva las cuentas de varias empresas del empresario conocido como 'Guipuchi'.

Koldo se dio de alta como autónomo en Gipuzkoa el 1 de junio de 2015, y Antxon fundó en Pamplona Servinabar, empresa clave de toda la presunta trama, en septiembre de ese año. En ese periodo sitúa la UCO el primer indicio del vínculo entre Koldo y Antxon: es un correo electrónico que un directivo de Acciona –la empresa que ha formado UTE con Servinabar en varias de las licitaciones bajo sospecha– envía al exasesor de Ábalos con copia al 'Guipuchi'.