Cumplir una ley 40 años después
El foco ·
Resulta inaudito que después de más de 40 años el Estatuto de Gernika, aprobado en referéndum el 25 de octubre de 1979, no haya podido ... ser culminado en su contenido y las transferencias pendientes se hayan convertido tristemente en una especie de contrapartida que los gobiernos centrales -daba igual las siglas que dirigían sus designios- manejaban según sus intereses y circunstancias. El terrorismo de ETA, del que aún hoy en día la izquierda abertzale no ha abjurado de ese macabro pasado, era la coartada que esgrimían desde Moncloa para frenar la materialización del pleno autogobierno, sobre todo en materias tan sensibles como Prisiones. Eran otros tiempos y otro contexto, pero quizá el cumplimiento de esta ley orgánica desde sus inicios hubiera desmontado el planteamiento que el nacionalismo ha anidado en su interior de que Madrid cerraba el paso al desarrollo estatutario a Euskadi de manera arbitraria. El mito de que las transferencias se las quedaba Madrid bajo siete llaves parece que va a caer en breve. La líder de los socialistas vascos, Idoia Mendia, calificó ayer este hecho de 'hito'. Pero después de cuatro décadas con el desarrollo autonómico pendiente habría que preguntar por qué ha tardado tanto tiempo en materializarse esta ley.
Pedro Sánchez se ha comprometido a traspasar todas las competencias pendientes, incluida la gestión económica de la Seguridad Social, que en la anterior negociación había aparcado. El presidente del Gobierno no olvida que superó la pasada investidura gracias a los seis votos del PNV y que los jeltzales apretaron el botón nuclear de la caída de Rajoy. El actual inquilino de Moncloa quiere consolidar sus vínculos con Sabin Etxea con hechos y las transferencias van a ser un buen botón de muestra. Además, a mes y medio de las elecciones autonómicas, este trasvase competencial favorece al PNV de Urkullu, pero también a los socialistas vascos, que sin duda alguna reivindicarán la autoría de este 'hito', aunque sea 40 años después.
Nacionalistas y socialistas buscan un rédito político de campanillas que pueda aminorar de alguna manera el revés que ha supuesto para el Gobierno Urkullu la gestión de la crisis del caso Zaldibar.
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