Las audiencias provinciales ya avisaron de «fallos técnicos y manipulación» de las pulseras antimaltrato

Unas apreciaciones de las comisiones territoriales que, medio año después de su difusión, han vuelto a la agenda mediática tras la polémica política y judicial generada por la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Un documento conocido el pasado 5 de septiembre en el que se admiten fallos en las pulseras antimaltrato después de una pérdida de los datos anteriores al 20 de marzo de 2024, en pleno proceso de migración entre la antigua compañía que gestionó el servicio, Telefónica, y la nueva adjudicataria, la UTE formada por Vodafone y Securitas.

Esta pérdida de los datos de geolocalización de los dispositivos de seguimiento, que llevan por orden judicial tanto las víctimas como sus presuntos agresores, unos 4.500 en la actualidad, ha tenido consecuencias negativas en el 1% de los casos, unos 45. En concreto, ha habido una repercusión directa en los procedimientos judiciales abiertos por delitos de quebrantamiento de la orden de alejamiento, «provocando una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios» por la falta de esta información, según la memoria de actividad del año 2024 de la Fiscalía General.

Con estos datos encima de la mesa, los órganos provinciales aseguraron además en sus conclusiones del pasado marzo que, «teniendo en cuenta que los dispositivos presentan fallos técnicos por localizaciones erróneas o incluso por manipulaciones de los investigados, es necesario que se revisen y corrijan las disfunciones a fin de evitar la desprotección de las víctimas». Por «localizaciones erróneas» se entiende los fallos de cobertura de la señal de los medios telemáticos, tal y como al menos desde enero de 2023 ya había sido denunciado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado encargados de supervisar los avisos de las pulseras antimaltrato.

La admisión de estos problemas por parte de las audiencias provinciales ya se mencionó en las jornadas celebradas en mayo de 2024, cuando se dijo que la colocación de los dispositivos telemáticos para el control de los medidas cautelares contra el hombre, y/o la ejecución de la pena de prohibición de aproximación a la mujer, «debe realizarse sin incidencias, con la asistencia adecuada por el Centro Cometa (encargado de supervisar el funcionamiento de las pulseras o tobilleras), que deberá instalarlos sin demora desde que se acuerda por el órgano judicial, evitando en todo caso una indebida dilación en la puesta en libertad del sujeto».

Del mismo modo, se consideró «recomendable» que cada vez que se instale o desinstale una pulsera se anote en los sistemas informáticos Siraj (Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia) o Viogen (Ministerio del Interior), para conseguir una mayor eficacia entre las unidades actuantes. Asimismo, ven «imprescindible» la asistencia psicológica para la víctima desde el inicio de las actuaciones en sede policial, así como el incremento del turno de letrados de oficio para prestar la debida asistencia legal.

Además, los presidentes y presidentas de las audiencias provinciales valoraron «positivamente» la comarcalización de los juzgados de violencia de género, pero estos órganos, admitieron, no serán del todo eficientes sino se dotan de medios personales y materiales necesarios atendiendo a la carga de trabajo y a su ubicación.