Un año de la «injusta retención» en Venezuela de José y Andrés

Para entonces sus familias ya habían denunciado ante la Ertzaintza su desaparición. Temían que pudieran haber sufrido un accidente en esa zona amazónica. Pero la realidad era que ya se encontraban retenidos en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) acusados de formar parte de un «complot terrorista» internacional para «asesinar a Nicolás Maduro» y otros altos cargos del Gobierno bolivariano. Las autoridades locales aseguraban que eran «espías del CNI español» que trabajaban para la CIA estadounidense.

El Gobierno español negó categóricamente esta acusación y, como sus familias, defendió que eran dos simples turistas que estaban en el «sitio equivocado en el momento equivocado». Esa es la versión que durante todo este año ha mantenido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Pero a partir de ahí, el mutismo ha rodeado el caso de José Basoa (36 años) y Andrés Martínez (33 años). Son más las incógnitas que las certezas. Ni desde el Ejecutivo han aportado más detalles sobre su estado ni las familias han emprendido campaña pública alguna para presionar a las autoridades para lograr la liberación de sus allegados. Han optado desde el primer momento por un perfil bajo, todo lo contrario que el Gobierno de Venezuela, que convirtió su detención en todo un espectáculo mediático.

La última novedad sobre el caso llegó hace unos días en el Senado. El ministro Albares respondió el martes una pregunta del popular Íñigo Fernández García sobre los «presos políticos españoles» encarcelados en aquel país. El titular de Exteriores se limitó a asegurar que «todas las semanas hacemos gestiones» ante las autoridades venezolanas y que se ha reunido con las familias de Basoa y Martínez, que «están injustamente retenidos», fórmula que estos doce meses ha repetido como un mantra. No 'arrestados', 'detenidos', 'encarcelados' o 'procesados'. Sólo «injustamente retenidos». A partir de ahí, tanto Albares como el senador Fernández García prefirieron deslizarse hacia una bronca de escasa altura política que centrarse en la situación de los dos bilbaínos.

A preguntas de este periódico, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores ni el consulado de Venezuela en Bilbao han querido aportar más información sobre los dos jóvenes. Las pocas novedades que se han conocido sobre su estado –noticias periodísticas– es que se encontrarían internados en la prisión Rodeo I, en las afueras de Caracas y considerado uno de los peores centros penitenciarios del continente americano.

Las autoridades venezolanas aportaron desde un primer momento versiones un tanto disparatadas sobre este caso: que si eran espías del CNI; que si estaban en una «zona militarizada»; que si componían un comando de mercenarios junto a tres estadounidenses de la CIA y un ciudadano checo; que si querían asesinar a Maduro con 400 rifles; que si querían comprar explosivos de grupos subversivos para cometer un ataque de falsa bandera contra la Embajada de Argentina en Caracas... Ahora se les acusa, aunque no hay un procesamiento oficial, de terrorismo.

Amnistía Internacional les ha incluido dentro su informe 'Detenciones sin rastro: el crimen de la desaparición forzada en Venezuela', que enumera los casos de medio centenar de personas que fueron arrestadas por las fuerzas de seguridad a partir de las elecciones presidenciales del 28 de julio y se encuentran en un limbo jurídico. Según algunas hipótesis, esos comicios y la posterior crisis política que se abrió podrían explicar, en parte, el trágico destino de los dos bilbaínos.

Y casaría con lo que defienden sus familias: «Sitio equivocado en el momento equivocado». Los dos bilbaínos habrían sido detenidos para poder ser usados en un futuro intercambio de prisioneros o para presionar al Gobierno de España en un momento en el que la comunidad internacional debatía si reconocer como ganador de esos comicios y, por tanto, presidente electo, al líder opositor, Edmundo González.