Los alcaldes exigen más recursos para responder a la crisis «en primera línea»

Para Goia, desde luego, el escollo de fondo es la Ley Montoro de Estabilidad Presupuestaria, que impide a los ayuntamientos del régimen común -es decir, los vascos se libran por la singularidad foral- el empleo de los superávits municipales y que obliga a los consistorios a utilizarlos en la amortización de deuda. Pero, aunque los municipios vascos disputen su partido en otra liga por la tutela foral, el problema de los recursos aflora con crudeza en coyunturas excepcionales como la actual.

El alcalde se muestra preocupado por un margen económico cada vez más estrecho, que ahora se hace más peliagudo. «Entendemos que hoy todos tenemos que apretarnos el cinturón», precisa, «pero el Covid ha cambiado todo el terreno de juego, ya de por sí muy embarrado para los ayuntamientos».

Los alcaldes vascos coinciden en la necesidad de que los ayuntamientos puedan utilizar esos remanentes de tesorería para afrontar la situación en la que se encuentran. «Lo hacemos quienes estamos en primera línea de combate, porque la primera institución a la que recurren los ciudadanos cuando ven problemas es a los ayuntamientos, aunque a veces las decisiones que se critican no las hayamos tomado nosotros», confiesa Goia, aún perplejo por la acción de protesta celebrada el día de la Salve por parte de un grupo de hosteleros contrarios a las medidas que, recuerda, había dictado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y no el consistorio.

La bajada del Fondo Foral de Financiación Municipal, reflejo de la caída de ingresos de recaudación, va a ser la otra cara de la moneda del problema. Con un potente impacto. En el caso de de San Sebastián, 30 millones de euros menos, un 20% menos de los recursos forales inicialmente previstos. Un golpe en toda regla que trastoca los presupuestos donostiarras.

«Hemos sido los grandes paganos, tenemos que evitar que tengamos que pagar de nuevo los platos rotos de la crisis, como tras la del 2008», asegura. Goia es consciente de que la hostelería vive con preocupación la limitación del ocio nocturno y la bajada de visitantes pero avisa: «Necesitamos más recursos, pero tampoco tenemos la varita mágica para el tsunami que sufre el sector del turismo».

El impacto del Covid ha precipitado una verdadera revolución en los presupuestos municipales de Errenteria, que van a tener que adecuarse a una reducción de 5,7 millones del Fondo Foral de Financiación Municipal. Aizpea Otaegi, alcaldesa de la localidad, sostiene que la última polémica tras el acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la FEMP ha puesto de relieve no solo la necesidad de más recursos para los municipios, sino también que puedan tener un mayor margen de maniobra y más capacidad de incidir en determinadas decisiones, «que es lo que nos deja particularmente desguarnecidos cuando vienen épocas de vacas flacas, entre unos y otros estamos muy desprotegidos», señala. Como ejemplo, los tres millones que destina el consistorio como plan de choque destinado a la revitalización del tejido económico local.

Otaegi no solo dirige sus reproches al Estado sino también a la Diputación de Gipuzkoa. En su opinión, la decisión «unilateral» de rebajar un 20% la aportación foral supone un serio varapalo para las arcas de este ayuntamiento gobernado por una coalición entre EH Bildu y Elkarrekin Podemos, con un impacto en el gasto corriente destinado a la prestación de servicios a los vecinos.

Otaegi reconoce que las normas forales han posibilitado hasta ahora la utilización del superávit, pero recalca que la excepcionalidad de la pandemia -muy sensible en el ámbito municipal- abre en canal otro debate sobre nuevos mecanismos de financiación eficaces, por ejemplo, mediante el recurso a un mayor endeudamiento municipal en este momento vetado por la Ley Montoro. «Habría que ir a más deuda para cubrir nuevas necesidades», opina.

Sin negar la relevancia de esta última polémica, el alcalde de Irun, el socialista José Antonio Santano, le quita algo de hierro y subraya que ha visto, sobre todo, «una tormenta en un vaso de agua» en un contexto social de gran sensibilidad en el que los ayuntamientos sufren de forma muy directa la angustia por la limitación de los recursos públicos y el incremento de las necesidades vecinales. «Uno es alcalde las 24 horas y lo ve en todo momento», dice.

En todo caso, Santano hace un llamamiento conciliador al diálogo, al acuerdo y a que se sea sensible con la reivindicación municipal. En Euskadi, además, aclara que la singularidad foral sitúa a los municipios vascos al margen de esta propuesta para el régimen común. Así, pone de relieve la declaración formulada por los alcaldes socialistas vascos en los últimos días, en esa misma filosofía y que, según resalta, deja al descubierto la histórica vocación municipalista del socialismo en Euskadi.

Santano comparte que los ayuntamientos, como institución más cercana a los administrados, se encuentran en una situación comprometida, a veces límite. No solo por las necesidades sanitarias y sociales acuciantes que han crecido en los últimos meses a rebufo del Covid, sino también por las luces rojas que se han encendido en pulmones económicos del municipio como la hostelería, el turismo o el comercio. El alcalde lo siente cada vez que cruza la muga y ve que localidades como Hendaia, San Juan de luz o Biarritz están lejos de la realidad que sufren los vecinos de su municipio tras las últimas restricciones.

En todo caso, el primer regidor de Irun precisa que la situación de los ayuntamientos vascos siempre ha sido diferente a la del régimen común del resto de España en aplicación del Concierto Económico. Santano matiza que, además, sobre todo los ayuntamientos de Gipuzkoa han utilizado en los últimos años los remanentes para financiar determinadas actuaciones en favor de los vecinos «sin ningún problema» porque la tutela financiera ejercida al respecto por la Diputación foral posibilitaba un margen de maniobra para ello.

Otra cuestión es la fórmula del riesgo compartido, que abre otro debate, y que implica por ejemplo que los ayuntamientos vayan a disponer de menores recursos del Fondo Foral de Financiación Municipal. En el caso de Irun, 11 millones de euros menos. Porque ese automatismo, recuerda, no se da en ayuntamientos de régimen común.

Santano se muestra conciliador, quiere evitar cualquier confrontación y apuesta por el diálogo institucional para reconducir las posibles diferencias y remar juntos en la misma dirección. En ese sentido, pide que se tenga en cuenta la voz de los consistorios y alza su voz para reivindicar que participen junto a diputaciones, Gobierno vasco y Ejecutivo central en el acceso a determinados fondos europeos o de carácter extraordinario.