El bolsillo y la identidad

El PP hará bandera beligerante de su oposición al nuevo pacto fiscal catalán a partir de una denuncia clara: se ha roto la igualdad entre territorios y entre ciudadanos. La acusación pretende equiparar este acuerdo con el mantenimiento del procés soberanista. La salida de Cataluña del régimen común exige un cambio en la LOFCA para el que no existe en este momento una mayoría suficiente. Si se confirmase, se habría dado un salto gigantesco. El propio Ramón Jáuregui, impulsor en 2012 de la Declaración de Granada –que era un pacto de mínimos en el socialismo español para abordar la reforma territorial de España– considera que se trata de una mutación de carácter confederal y no federal, y que muy difícilmente va a ser aceptada por otras comunidades. Estas modificaciones se han hecho siempre por un consenso amplio desde el inicio de la Transición entre el PP, el PSOE y los partidos nacionalistas, opina, e iniciar este camino de forma unilateral encierra serios peligros. Eso sí, Jáuregui sí entiende que la operación que impulsa Pedro Sánchez forma parte de un proyecto muy ambicioso a largo plazo, que es desactivar en Cataluña el problema independentista que ha aflorado con fuerza en los últimos 15 años. Además, apunta una reflexión. La incapacidad del PP para evolucionar su discurso autonómico y asumir la nueva realidad de España explica también determinadas tensiones territoriales que necesitan vías de salida. El apaciguamiento es un movimiento inteligente pero provocará una hoguera de resentimiento en el resto de España. Esa es la paradoja histórica que Sánchez traslada al PSOE.

El argumentario de los populares, sin embargo, considera que en vez de ser un cortafuegos al soberanismo, el entendimiento PSC-Esquerra incentiva el apetito nacionalista con un ataque a la soberanía española que es una agresión directa al bolsillo de la ciudadanía. Y sostiene que cualquier aproximación hacia el federalismo o la plurinacionalidad es una cesión al independentismo que destruye la nación española en lugar de drenar, a largo plazo, el caldo de cultivo en el que crece el secesionismo.

El debate se ha situado entre estas dos orillas antagónicas, sin puentes. El PP cabalga a veces sobre una visión de España tan alérgica a la diversidad que corre el riesgo de espantar a la periferia. Acusa a Illa de reactivar el procés, como en su momento responsabilizó al Gobierno de Rodríguez Zapatero de traicionar a las víctimas por alentar el final dialogado de ETA. La hipérbole reaparece ahora al reabrirse la caja de Pandora de los agravios territoriales entre comunidades. El debate toca una fibra más sensible que las cuestiones identitarias: el bolsillo de los ciudadanos, los recursos públicos. La tecla más emocional que los socialistas replican cargando con fuerza contra «los recortes a los servicios públicos de la derecha». La guerra de marcos ideológicos está servida en bandeja.

La legislatura camina sobre la cuerda floja. Habrá que ver si a Junts le interesa reventarla con un veto a los Presupuestos. Sánchez puede estar tentado de seguir contra viento y marea con un Ejecutivo en minoría, pese al serio desgaste que supondría. La visita de Puigdemont a Barcelona y su fuga posterior han dado una puntilla de frivolidad al papel del soberanismo catalán que ha dejado un regusto agridulce entre sus partidarios. A veces entre la euforia y el esperpento hay apenas una frontera muy fina.