ETA envió un mensaje directo a Urkullu para pactar un desarme «concertado»

ETA no da por amortizada la nueva vía del desarme a través de la sociedad civil pese a la operación policial en Iparralde y las críticas del Gobierno Vasco. La banda sigue priorizando este esquema para inutilizar y entregar las armas, una vez constatada la falta de implicación del Gobierno español, en vez del plan de desarme presentado en diciembre de 2014 por el Ejecutivo autonómico y que el lehendakari sigue ofreciendo. De hecho, ETA envió hace dos años un mensaje, por vía directa, al lehendakari y al Gobierno Vasco en el que les ofrecía una «acción conjunta activa» y una «participación concertada» en un proceso de desarme, según fuentes conocedoras de la situación consultadas por este diario.

En aquella comunicación directa, desconocida hasta ahora, la organización armada pedía al Ejecutivo de Iñigo Urkullu apoyo político para desarrollar un proceso de desarme «ordenado» bajo la cobertura también de una «mayoría social» vasca y el amparo de los verificadores internacionales, según los medios consultados.

Pese al mensaje de ETA, el Gobierno Vasco se ha mantenido en defensa de su plan de desarme, presentado hace ayer justo dos años, pero que no ha tenido respuesta positiva de la banda. En esta propuesta elaborada por la Secretaría de Paz que dirige Jonan Fernández también se aboga por la participación de la sociedad vasca y los «agentes internacionales» a través de un Comité de Desarme al que la banda entregaría la «localización» de sus zulos. Una información que finalmente acabaría en manos del Ejecutivo formado ahora por PNV y PSE-EE, que actuaría como «legalmente proceda» según se recogía en aquel documento. ETA, no obstante, entiende, y así se lo transmitió al Gobierno Vasco en el mensaje enviado hace dos años, que el Ejecutivo de Vitoria no debe jugar un papel de «intermediario» entre ellos y el Estado o la Policía. A su juicio, el gabinete Urkullu debe colaborar respaldando un proceso de desarme junto a «agentes políticos y sociales» y los verificadores internacionales. La banda teme, en este sentido, que el PNV busque solo «rentabilizar políticamente» el proceso de entrega y destrucción de armas.

En el nuevo esquema de ETA, destapado tras la operación en Luhuso, de delegar la inutilización de los arsenales en voluntarios como los cinco activistas vascofranceses detenidos, se concede importancia al apoyo político que puedan prestar las instituciones vascas. Principalmente el Gobierno de Vitoria, el Ejecutivo de Navarra, apoyado por EH Bildu, y la nueva Mancomunidad Única del País Vasco francés que se constituirá el 1 de enero. El tercer vértice de este triángulo lo completaría la Comisión Internacional de Verificación que dirige el ceilandés Ram Manikkalingam, que aguarda a que se creen condiciones que le permitan regresar a Euskadi para oficializar su nueva labor, que se ampliaría con el fin de que actúen como fedatarios de que el desarme es completo y definitivo. Los verificadores, con los que Urkullu tenía una fluida comunicación, no han vuelto a Euskadi desde hace casi tres años, cuando fracasó el primer gesto de entrega de armas y tuvieron que ir a declarar a la Audiencia Nacional.

Desarmarse antes de un año

Por el contrario, el Gobierno Vasco, como expuso el lunes el lehendakari, se muestra hastiado por el rechazo de ETA a su plan de desarme y entiende que la banda está enfocando mal su final, aunque el lehendakari criticó las detenciones de Luhuso y pidió la libertad de los arrestados, algo que sucedió el martes. Urkullu está empeñado en embarcar al presidente español, Mariano Rajoy, a un «final ordenado del terrorismo» y por ello le ofrece un pacto para el desarme basado en la «lealtad», sin dar pasos a espaldas de Madrid, y con respeto a las responsabilidades penales que se pudieran derivar de las pruebas que se hallen en las armas entregadas.

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, fue preguntado ayer en Radio Euskadi por si su plan de desarme se desarrollaría con la cobertura del Gobierno central, y se limitó a señalar que «se haría con los instrumentos de los que dispone el Gobierno Vasco en el terreno jurídico, en el ámbito competencial y en el político» y se haría «de manera suficientemente calculada y medida».

El objetivo de la nueva vía de desarme ensayada por ETA, y frustrada en su inicio por la intervención de la Policía francesa y la Guardia Civil, es convertirse en menos de un año en una «organización desarmada», como avanzó este periódico el pasado domingo. De esta forma, la banda pretende buscar una salida intermedia ante las grandes dificultades que se ha encontrado para desmantelar sus zulos y ante el bloqueo que supone para sus presos la exigencia de «disolución» del Gobierno del PP, que solo accede a flexibilizar su política penitenciaria si la banda «desaparece».

En principio, ETA no da por finiquitada la vía del desarme a través de la sociedad civil pese a las detenciones del viernes en Iparralde de los cinco primeros voluntarios. La incógnita radica ahora en cómo afectará el hecho de que la Justicia francesa, pese a haber dejado en libertad a los arrestados, les haya imputado por «tenencia y transporte de armas y explosivos en relación con una empresa terrorista». Al menos, los jueces no les acusan del presunto delito más grave, el de «asociación de malhechores con fines terroristas», una vez que la Fiscalía retirase esos cargos.

Los partidarios de la vía civil para el desarme también valoran el amplio y transversal apoyo político en el País Vasco francés a los detenidos, con presencia de todo el arco parlamentario galo salvo el Frente Nacional, incluida la derecha de Les Républicains. Un esquema que a EH Bildu le gustaría reproducir en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, como explicó el pasado domingo el portavoz de EH Bildu y líder independentista Arnaldo Otegi.

No obstante, los grupos sociales implicados en un proceso de desarme ordenado son conscientes de que la Policía francesa puede volver a intentar abortar tentativas similares «empujados por el Estado español». Pese a ello, prevén que haya más personas dispuestas a tomar el testigo de los cinco ciudadanos vascofranceses.