La enmienda a la totalidad a la ley de amnistía que detalló ayer el PP, en voz de su recién nombrado portavoz en el Congreso, ... Miguel Tellado –aquel que dijo hace poco que «Pedro Sánchez debía irse de este país en un maletero»–, supone un peligroso giro de tuerca en la estrategia de la formación que lidera Núñez Feijóo. La terminología utilizada para endurecer el Código Penal a quienes impulsen y promuevan consultas ilegales suena a la música que sobre este asunto interpretan Vox y sus dirigentes. Que los populares abran la puerta a una posible ilegalización de los partidos independentistas en el caso de que se repita un nuevo procés supone ir de la mano de la extrema derecha de Abascal, cuando ni el propio Rajoy, que en 2017 era el presidente del Gobierno, lo llegó a proponer y se limitó a instar a que se aplicase la ley para sancionar los delitos que se produjeron, al margen del 155. No parece que subir el listón en el catálogo punitivo contra las reivindicaciones independentistas, opción política legítima y legal en el ordenamiento jurídico español, sea la mejor receta para ganar adeptos en comunidades como la vasca y la catalana, donde los partidos nacionalistas y soberanistas están siendo claves para facilitar la gobernabilidad. Y prueba de ello es que el propio PP, que ganó las últimas elecciones generales en votos y escaños, puso encima de la mesa del PNV hasta un ministerio, y llegó a reunirse en Barcelona con dirigentes de Junts para sondear la posibilidad de desmontar la mayoría de Sánchez. Y no parece que aquella cita fuera para hablar de fútbol ni para saborear un café.
Feijóo tiene un papelón ante sí y ante su propio partido porque si Sánchez aguanta las próximas citas electorales –Galicia, Euskadi y europeas–, la posición del actual líder del PP pudiera quedar debilitada, sobre todo si abandona la moderación y no se aleja de Vox.
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