Los tres detenidos por el derrumbe de Zaldibar declaran ante la juez en Durango
El dueño y los dos altos cargos del vertedero están siendo investigados por el colapso de la escombrera que mantiene a dos trabajadores sepultados desde febrero
yolanda ruiz
Jueves, 23 de julio 2020, 10:20
Los tres arrestados por el derrumbe del vertedero de Zaldibar ya se encuentran en las dependencias del Juzgado de Durango, donde la jueza que investiga el caso les tomará declaración sobre el colapso de la escombrera el pasado mes de febrero que sepultó a dos trabajadores cuyos cuerpos aún no han podido ser rescatados.
El dueño, José Ignacio Barinaga, y los dos altos cargos del vertedero han llegado minutos antes de la diez de la mañana en tres coches de la Ertzaintza desde la comisaría de Eibar, donde permanecían desde el martes a la tarde detenidos. Una vez allí, han accedido al interior del juzgado a través del acceso al garaje de las instalaciones.
La comparecencia ante el juez viene precedida por una insólita polémica por el encontronazo entre la Ertzaintza y el juzgado de Durango que dirige la investigación por la responsabilidad última de ordenar la detención de Barinaga, del ingeniero jefe de la planta, Juan Etxebarria, y de la gerente de Verter Recycling, Arrate Bilbao, sobrina del dueño. La jueza desmintió a la Policía vasca y negó que ordenara los tres arrestos. Este hecho llevó a los abogados de los detendidos a calificar de «ilegales» las detenciones.
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El Departamento vasco de Seguridad afirmó el martes que las detenciones fueron practicadas por la Ertzaintza por «orden judicial», lo que provocó el malestar del juzgado instructor de Durango. En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) no tardó en reaccionar y, a media mañana, publicó una nota de prensa para desmentir las informaciones lanzadas desde el Gobierno vasco que vincularon la detención de estos tres responsables con un mandato judicial.
En otras palabras, el TSJPV negó que el juzgado de Durango fuese el responsable de los arrestos. «No tenemos nada que ver con ello. Es una operación policial», insistieron los medios consultados en el Palacio de Justicia. El Departamento vasco de Seguridad tampoco tardó en salir al paso de la polémica y trató de quitar hierro al asunto. En un tono conciliador, aseguró que todo se debió a un «malentendido».
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