Los transportistas elevan el pulso contra los peajes con una querella criminal

Según expone la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, la Diputación de Gipuzkoa, al mantener el cobro de los peajes a camiones en estas vías está «desobedeciendo los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo, que los declaran nulos». Esta posible falta está tipificada en el artículo 410 del Código Penal y establece que «las autoridades o funcionarios públicos que se negaran abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales (...) incurrirán en la pena de multa de tres a doce meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años».

El asunto viene de lejos. Según recordó la federación en una nota enviada ayer, «ha pasado casi un mes desde que el Tribunal Supremo confirmara la nulidad del sistema de peajes a camiones puesto en marcha en Gipuzkoa hace más de 3 años, y lejos de ejecutar el fallo judicial, la Diputación, con su responsable de Infraestructuras a la cabeza, sigue persistiendo en su desafío al Estado de Derecho, manteniendo sin cobertura legal alguna el cobro de los peajes a toda costa pese al riesgo que tal irresponsabilidad conlleva».

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) recuerda que la Diputación, por medio de Bidegi, sigue cobrando el canon previsto para la N-I y la A-15 por la Norma Foral 6/2018 de 12 de noviembre, «cuando tiene pleno conocimiento de que la resolución del TSJPV es firme, más allá de todas las estrategias empleadas por la Diputación para encubrir esta realidad y justificar lo injustificable».

Esta «desobediencia grave», manifestada además públicamente «de forma reiterada» en las últimas semanas, es lo que les ha obligado, junto a las restantes asociaciones de transportistas que conforman el CNTC, a presentar la citada querella criminal «por hechos que pueden ser constitutivos de delito». Igualmente critican el «comportamiento contumaz» de la titular foral de Infraestructuras Viarias, quien «se negó desde un primer momento a escuchar las razones del sector».

El conflicto entre los camioneros y la institución foral acabó también en los juzgados el pasado miércoles, cuando el sindicato de transportistas vascos Hiru interpuso una denuncia contra «los responsables de Bidegi» por seguir cobrando este canon.

La Diputación de Gipuzkoa, por su parte, declinó ayer hacer valoraciones acerca de la querella presentada por el Comité Nacional del Transporte por Carretera y se mantiene firme en su postura, como ya se pronunció la semana pasada a raíz de esta primera denuncia. La institución foral se limitó a recordar en este sentido que la sentencia del Tribunal Superior vasco no será firme hasta que se publique en el Boletín Oficial de Gipuzkoa «y de momento no nos ha llegado ninguna comunicación de los tribunales», por lo que «la norma foral aún está en vigor y la Diputación está obligada a cumplirla», insistió ayer Aintzane Oiarbide.

Así las cosas, el ente foral seguirá cobrando el peaje, reafirmando además que «es una actuación legal» hasta que la sentencia se haga efectiva con su publicación. Una vez ocurra esto, entrará en vigor un decreto que la Diputación prepara para dar amparo legal a otro esquema de peaje con el que pretende dar nueva cobertura legal para continuar cobrando el canon pese a la invalidez de la norma que lo ha sustentado hasta la fecha.