Qué supone la declaración de zona tensionada para el alquiler

Las propuestas de los ayuntamientos vascos para que un municipio sea declarado zona tensionada para el alquiler deben ser analizadas y validadas por el Departamento de Vivienda del Ejecutivo de Vitoria. Entonces se abre un periodo de alegaciones y la tramitación se suele alargar unos tres meses. Una vez aprobada la solicitud de un consistorio, queda el trámite de elevarla al Gobierno central –la Ley por el Derecho a la Vivienda que contempla la creación de zonas tensionadas para el alquiler tiene carácter estatal–, que debe publicarla en el BOE. Por tanto, la declaración como 'Zona de Mercado Residencial Tensionado' es un proceso complejo que impide que la declaración oficial se produzca de forma automática cuando los municipios lo solicitan.

Para poder topar el incremento de las rentas del alquiler en la capital con los precios más altos del Estado son tres los documentos que exige la Ley por el derecho a la vivienda, para proceder a dar este paso: un diagnóstico de la situación de la vivienda en la ciudad, una memoria justificativa de que se cumplen las condiciones recogidas en la ley, y un plan de acción de lo que plantea hacer la ciudad en los próximos años para mejorar el acceso a la vivienda de sus habitantes.

Cuando el Gobierno Vasco da el visto bueno, «termina el proceso autonómico y ese documento se traslada al Ministerio de Vivienda, que hace la publicación de nuevas zonas tensionadas de forma trimestral. Y hasta que el Gobierno central no lo publica en el BOE, no tiene oficialidad.

La declaración de zona tensionada tiene una validez de tres años, prorrogable anualmente siempre que sigan dándose las circunstancias que motiven tal declaración.

El despliegue de las zonas tensionadas en Euskadi en base a la Ley de Vivienda, en vigor desde el 26 de mayo del pasado año, sigue envuelto en incógnitas a la espera de que los primeros municipios reciban su acreditación como zonas tensionadas. Por ejemplo, no existe un índice de referencia de precios del alquiler que debería utilizarse para la firma de nuevos contratos de alquiler. El Ministerio de Vivienda lo ha puesto en marcha en todo el Estado menos en el País Vasco y Navarra, al contar estos territorios con haciendas forales propias. Hoy mismo el Parlamento Vasco va a aprobar una moción con el apoyo de los dos socios en el Gobierno Vasco, PNV y PSE, en la que apela a la «necesaria colaboración entre las administraciones competentes» con el fin de generar los índices de referencia de precios. Pero, por ahora, las haciendas forales vascas no han enviado los datos al Gobierno central.

Un factor que preocupa a los consistorios vascos es que la entrada en vigor de la zona tensionada pueda estrangular aún más la escasa oferta de pisos en alquiler que ya existe actualmente.

También hay dudas jurídicas sobre si las medidas de control de precios que conlleva la declaración de zona tensionada se aplicarían a todos los contratos de alquiler o solo a los firmados desde la entrada en vigor de la ley en 2023, lo que podría limitar su alcance si no se extiende a las prórrogas de los anteriores.