La presidenta del CSIC declara hoy por la muerte del montañero de Bergara
El jefe de investigación del equipo que se vio sorprendido por el alud también está citado hoy en el juzgado de Vielha
OSKAR ORTIZ DE GUINEA
San Sebastián
Jueves, 27 de mayo 2021, 06:49
La presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, está citada hoy a declarar en el juzgado de Vielha. Lo hará en ... calidad de investigada por la supuesta falta de medidas preventivas en la expedición en el Val d'Aran en 2018 donde fallecieron dos montañeros, el bergararra Unai Pérez de Arenaza y el salmantino Gaspar Giner. Un tercero, el lasarte-oriatarra Roberto Sánchez, resultó herido. Todos residían en la zona.
A petición de la acusación particular y por orden de la Audiencia Provincial de Lleida, también deben comparecer hoy dos altos cargos de la agencia estatal. Entre ellos, el jefe de investigación, Luis C., quien había reclutado verbalmente a los dos guías fallecidos unos días antes del accidente. Roberto Sánchez, superviviente y único contratado formalmente por el CSIC, tiene pendiente su juicio por la jurisdicción social.
Al parecer, el jefe de investigación no hizo ningún trámite administrativo previo a la expedición, ni gestionó ninguna hoja de pedido de contratación. Esta situación irregular motivó una demanda de la Tesorería de la Seguridad Social, y el juzgado de lo Social 1 de Lleida reconoció que los fallecidos mantenían una relación laboral con el CSIC pese a que la agencia lo niega. La sentencia está recurrida ante el TSJC.
Los familiares de las dos víctimas se han constituido como acusación particular en la causa penal y han solicitado la imputación de la cúpula del CSIC porque estiman que la expedición -sus tres miembros iban equipados con material proporcionado por la empresa- se llevó a cabo sin medidas de prevención. De hecho, tras el accidente, el CSIC presentó ante la Inspección de Trabajo un plan de riesgos laborales que fue aprobado en abril de 2018, es decir, un mes después de la tragedia.
La Abogacía del Estado, que representa al CSIC, y la Fiscalía se opusieron a que se investigue a los responsables de la agencia, pero la Audiencia de Lleida ordenó al juez tomarles declaración como imputados al entender que pueden ser claves para «conocer la estructura organizativa y preventiva» cuando pasó el siniestro. El tribunal cree que, pese a que «el accidente fue calificado de fortuito en un atestado elaborado por los Mossos», no es descartable «la existencia de ciertas sospechas de un delito contra la salud y la seguridad de los trabajadores».
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