Los policías locales de municipios pequeños de Euskadi tendrán que patrullar con pistola

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ya ha aprobado –lo hizo el 21 de julio– la orden para la elaboración del correspondiente decreto, al que ha tenido acceso este periódico y que ya sido publicado en el Parlamento Vasco, donde ha contado con las objeciones principalmente de EH Bildu. Su objetivo es «mejorar las condiciones de trabajo y la seguridad del personal funcionario de las policías locales, para de esta forma optimizar la eficacia del servicio policial», según recoge el citado borrador, que deberá ser aprobado en Consejo de Gobierno, hecho que sucederá este mismo año.

Una vez sea publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, los municipios de más de 5.000 habitantes tendrán un plazo de un año para proveer a sus agentes de la equipación básica recogida en la 'Reglamentación del armamento y de otros medios técnicos y de defensa y dotación de las policías locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi'. El texto regula también aspectos como la custodia, registro y conservación armamentista. El futuro decreto obligará a 'armar' al «personal funcionario integrante de las policías locales» y «aquel nombrado en prácticas».

«Cada entidad local» deberá «disponer y dotar» individualmente a todo el personal, y de manera «indiferente para su uso por hombres o mujeres», «de los medios técnicos y defensivos» establecidos. Estos son, entre otros, «arma de fuego corta», que deberá entregarse con «un cargador de repuesto, con su funda y los artículos de limpieza para su mantenimiento, así como su caja»; munición «de calibre 9 milímetros parabellum», «chaleco de protección policial antibalas, corte y punzón», «grilletes metálicos», elementos de «defensa personal» como porras rígidas o extensibles, «silbatos» y «guantes anticortes».

Cada agente recibirá una «dotación individual» de «munición reglamentaria», que será adecuada «a las distintas armas de fuego que adquiera cada Policía local». Y será cada jefatura policial la que determine «el tipo de munición que mejor se adecue a las armas de fuego» de que el Ayuntamiento o autoridad local correspondiente «les haya dotado».

El decreto también delimita la habilitación de los agentes para hacer uso de las armas de fuego. Por norma general, no se deberán utilizar «salvo que exista un riesgo racionalmente grave para su vida o integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias en que concurra un grave riesgo para la seguridad ciudadana» y conforme a «los principios de adecuación».

«En ningún caso –se subraya– estará permitido el uso intimidatorio del arma de fuego mediante la realización de disparos al aire, para proceder a la detención de una persona que emprende la huida». Y «se prohíbe portar el arma de fuego reglamentaria fuera de servicio salvo autorización expresa» del jefe policial.

El texto también recoge una serie de «supuestos» en los que a los agentes locales se les podría retirar el arma, que debería ser dejada en «depósito» junto a su guía de pertenencia y la munición correspondiente. Estos casos serían, entre otros, un accidente laboral, una incapacidad permanente, total o absoluta, una posible sanción disciplinaria, medida cautelar o sentencia judicial, la jubilación, la pérdida de la condición de funcionariado o una enfermedad incapacitante.

La provisión de medios de seguridad también afecta a los vehículos policiales, que deberán estar dotados de medios como manta y guantes ignífugos para hacer frente «a emergencias con llamas», mantas térmicas para cubrir atenciones «con heridos o hipotermias», extintores, etc.

Al contrario que en la actualidad, el futuro decreto deja un margen mínimo de decisión para las distintas alcaldías sobre los «servicios que se presten sin armamento». Toda decisión de los alcaldes en este sentido deberá estar fundamentada y bajo «previo informe de la jefatura de la Policía local», y siempre que los índices de criminalidad en el municipio constaten «una tendencia y evolución plurianual favorable en la minoración del índice delincuencial».

En cualquier caso, todos «los servicios de policía de seguridad en la vía pública y los de seguridad y custodia se prestarán con armamento», y solo se eximirá del uso de armas solo en el caso de tareas «que no comporten un riesgo racionalmente grave para la vida o integridad física del personal funcionario o de terceras personas», tales como «desempeño de labores de oficina», «funciones de enseñanza, impartición de charlas» o «asistencia a cursos y similares» o «actos protocolarios». Pero como norma, los policías locales portarán pistola.