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La declaración oficial de Errenteria como localidad tensionada en materia de vivienda y las consecuencias que ello tiene para el control de los precios de los alquileres conforme a la Ley estatal de Vivienda de 2023, estuvo ayer envuelta en la polémica en Gipuzkoa ... no tanto entre los defensores y detractores de la intervención pública en el mercado, sino por el hecho de que la catalogación como zona tensionada nace coja en este caso al no haberse elaborado aún el índice de precios de alquiler de referencia en Gipuzkoa.
Sin ese índice, no se pueden aplicar dos de las medidas más relevantes que la ley prevé para las zonas tensionadas: la fijación de un precio máximo para cualquier piso que salga al mercado si no ha estado alquilado los últimos cinco años, y la obligación para los grandes tenedores (propietarios de 5 o más pisos en la zona) de adecuar las rentas de sus propiedades al rango de precios decretado por el Gobierno, incluso bajándolas si es que están por encima.
El primero en reaccionar a la nueva realidad que desde hoy se produce en Errenteria fue el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco, Denis Itxaso, quien no dejó escapar la oportunidad de recalcar que «nos urge poder contar con el índice de precios para Gipuzkoa y Bizkaia, pues pronto vendrán más municipios». En la misma línea, la alcaldesa de la villa galletera, Aizpea Otaegi, lamentó que la zona tensionada nace en la localidad «sin poder poner en marcha todas las herramientas que la ley permite. Es incomprensible».
Ambos dardos iban dirigidos ante todo a la Diputación de Gipuzkoa, responsable de suministrar al Ministerio de Vivienda los datos que necesita para elaborar ese índice y que se ajuste a la realidad del territorio y de sus viviendas. El Gobierno foral, a través principalmente del departamento de Hacienda, trabaja en colaboración con el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) en el cotejo de los diferentes datos que permitan elaborar el índice: precios de mercado, esfuerzo de las familias para pagar un alquiler, estado de conservación de los inmuebles...
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A los reproches se sumó EH Bildu, partido al que pertenece la alcaldesa de Errenteria, que no solo censuró que la Diputación (donde el PNV gestiona Hacienda) no haya llegado a tiempo, sino que la acusó de «retrasar» una medida que «debía ponerse en marcha a los 6 meses de la aprobación de la ley».
La Diputación respondió que «así como los ayuntamientos han necesitado su tiempo para desarrollar su parte, el resto de instituciones también lo requieren para llevar a cabo un trabajo riguroso y preciso». La portavoz del Gobierno foral, Irune Berasaluze, alegó que la «petición formal» del Ministerio de Vivienda «llegó a la Diputación a finales del año pasado», y desde entonces los técnicos «han estado trabajando junto a Eustat en la recopilación y en la adecuación de la información solicitada».
Remarcó que «este es un proceso técnicamente complejo que exige validaciones y contrastes, rigor y confidencialidad», y defendió que «lo estamos desarrollando con la máxima seriedad y en el menor tiempo posible porque nuestro compromiso es claro».«Los equipos técnicos están haciendo un trabajo extraordinario para recopilar, para procesar y para adecuar todos los datos. Aún quedan adecuaciones estadísticas para consensuar con el Ministerio y eso requiere también tiempo y precisión», sentenció.
Berasaluze pidió a EH Bildu que «abandone las mentiras, los falsos relatos y deje de utilizar la vivienda como arma política». Acusó a la coalición abertzale de «preferir lanzar acusaciones infundadas» a «reconocer el esfuerzo realizado por los profesionales que trabajan día a día para garantizar la información fiable y de calidad». «Es lamentable que EH Bildu prefiera desgastar al adversario en lugar de trabajar junto a las instituciones para mejorar la vida de la gente. La ciudadanía merece responsabilidad y compromiso», señaló.
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