Vivienda

Los municipios de Gipuzkoa más poblados piden ser zonas tensionadas para el alquiler

Para tratar de revertir la situación, los cuatro municipios más poblados de Gipuzkoa (San Sebastián, Irun, Errenteria y Eibar) han aprobado una moción presentada por Stop Desahucios para pedir al Gobierno Vasco que declare estas ciudades zonas tensionadas para el alquiler bajo los parámetros de la nueva Ley de Vivienda aprobada el pasado mes de mayo por el Congreso de los Diputados. Esta misma iniciativa también será debatida en septiembre en los ayuntamientos de Lasarte-Oria, Pasaia, Hernani, Andoain, Bergara y Arrasate.

La moción recuerda que Gipuzkoa «es el territorio con los precios del alquiler y del metro cuadrado más elevados de Euskadi y el tercero a nivel estatal, por detrás de Madrid y Cataluña». Estos datos, añade el texto, «nos demuestran que la emergencia habitacional» que existe en Gipuzkoa «para muchos jóvenes y familias con menores a su cargo con ingresos medios y bajos que no pueden acceder al cada vez más tensionado mercado del alquiler privado ni tampoco a una hipoteca».

«La situación en Gipuzkoa es terrible. La gente no puede alquilar y esto se va a agudizar con la subida de los intereses», dice Rosa García, portavoz de Stop Desahucios. En la escasez de pisos tiene un papel destacado el auge de las viviendas turísticas, pero también la actitud de muchos propietarios, que prefieren alquilarlos por poco tiempo y no a largo plazo. «Los contratos temporales son muy jugosos porque no les afecta la Ley de Arrendamientos Urbanos», explica García. Esta norma establece que el tiempo mínimo de duración de un contrato de arrendamiento sea de cinco años, así como una limitación del incremento de la renta del 2% en la revisión del IPC anual. En los contratos temporales, por el contrario, la vivienda se puede alquilar por un mínimo de 32 días y un máximo de once meses sin que haya regulación de precios. El propietario es libre de fijar una renta en función de la oferta y demanda.

La nueva Ley de Vivienda delega a los gobiernos de las comunidades autónomas la posibilidad de declarar zonas de mercado residencial tensionado en municipios donde el precio del alquiler o de un inmueble es tan elevado que las familias tienen dificultades para acceder a una vivienda digna. Para que una localidad o área sea declarada tensionada, se tienen que cumplir al menos uno de los siguientes requisitos. Por un lado, que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares. Por otro, que el precio de compra o del alquiler haya aumentado en los últimos cinco años tres puntos por encima del IPC de la comunidad autónoma. Cumplir alguno de estos supuestos no significa que la zona se convierta automáticamente en tensionada. Esta decisión depende de cada gobierno autonómico previa petición de los ayuntamientos.

El carácter de zona tensionada durará tres años y podrá prorrogarse. En las localidades que se sitúen bajo este paraguas los alquileres van a estar regulados y topados. El precio máximo viene establecido en función del tipo de contrato y de quién sea el dueño del piso. En el caso de los pequeños propietarios, no podrán cobrar más a su nuevo inquilino de lo que le cobraban al anterior. Para los grandes tenedores se aplicará un índice de contención de precios que todavía está por definir.

Para incentivar esta medida, los pequeños propietarios que reduzcan las rentas se beneficiarán de degradaciones fiscales que podrán alcanzar el 90% en el IRPF. Además, una vez vencido el contrato de alquiler, el arrendador tendrá derecho a que se le prorrogue el mismo contrato en plazos anuales hasta un máximo de tres años. Hay excepciones, como en el caso de que el arrendatario necesite la vivienda para sí o un familiar en primer grado.

Pese a que la Ley de Vivienda fue aprobada en mayo, su contenido aún puede variar. A finales de julio, el Gobierno Vasco anunció su intención de recurrir ante el Tribunal Constitucional siete artículos y varias disposiciones de la Ley de Vivienda por «invasión de competencias», una iniciativa que ya han secundado Andalucía, Madrid y Baleares. Este anuncio dividió a los socios en el Ejecutivo, ya que los tres consejeros socialistas se mostraron en desacuerdo.

El Gobierno Vasco esgrimió un informe jurídico que concluye, en cuanto a la declaración de zonas pensionadas, que «la regulación del Estado viene a ocupar el espacio que ha de llenar el desarrollo de la normativa vasca, según la capacidad que competencialmente tiene Euskadi para establecer su propio modelo en esta materia». Los consejeros socialistas, por el contrario, reclamaron al PNV que no entorpezca la puesta en marcha de la legislación estatal en Euskadi y «prive a la sociedad de una herramienta que hemos valorado de forma muy positiva desde el momento en que se conocieron los contenidos de la misma».

Casi la mitad de los hogares guipuzcoanos, el 44%, y hasta un 85% de los de Donostia, se hallarían en zonas susceptibles de ser declaradas tensionadas, según los datos elaborados por la consultora inmobiliaria Atlas Real Estate Analytics. El análisis de esta empresa apunta a que 183.778 hogares guipuzcoanos ya se encuentran localizados en este tipo de áreas.

San Sebastián es la localidad guipuzcoana donde se concentra el mayor número de zonas tensionadas. De los 19 códigos postales en los que se divide el territorio de Donostia, solo dos se librarían de entrar en esta categoría. Uno de ellos es el código postal 20015, que se extiende por la zona de Intxaurrondo, y el otro es el 20018, que abarca una extensa zona que va desde Benta Berri hasta Añorga.

Según el estudio, otros municipios guipuzcoanos con al menos un código postal que cumple uno o dos requisitos son Irun, Elgoibar, Getaria, Zarautz, Astigarraga, Oiartzun, Pasaia, Hondarribia, Usurbil, Orio, Aduna y Aizarnazabal.