Indignación al conocer la puesta en libertad del kamikaze que mató al matrimonio de Villabona

La decisión de la Sección Tercera de la Audiencia de León se produce mes y medio después de que la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sahagún rechazase por segunda vez la solicitud de libertad para el conductor, que circulaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas y que tras el siniestro se dio a la fuga. La defensa ya pidió su salida de la cárcel en noviembre del pasado año, pero la instructora rechazó su reclamación.

Esta vez, sin embargo, ha sido la Audiencia quien ha revocado la medida cautelar. Lo ha hecho aun reconociendo que «el examen de las actuaciones pone de manifiesto» que los hechos por los que el conductor viene siendo investigado podrían ser «constitutivos de dos delitos de homicidio por imprudencia grave», cometidos mediante la utilización de un vehículo de motor, «en concurso con un delito de conducción temeraria». La Sala, asimismo, pone de manifiesto que el automovilista, además de causar la muerte de los padres, produjo lesiones en el hijo.

La Audiencia constata de igual manera que «de las diligencias practicadas en la instrucción», se desprenden «indicios racionales de criminalidad» contra el conductor y destaca en este sentido que la prueba de alcoholemia a la que fue sometido arrojó un «alto grado» de impregnación etílica de 1,26 y 1,18 miligramos por litro de aire espirado. No olvida tampoco la Sala los síntomas de nerviosismo y desorientación que presentaba el conductor tras su arresto así como su «habla titubeante y tartamudeo», además de las «incoherencias» en las que incurría, su «locuacidad y repetición de frases e ideas al hablar, oscilaciones en la verticalidad del cuerpo, caída de objetos de la mano y fuerte halitosis de cerca en el aliento».

A pesar de todo ello, y aun cuando el investigado puede enfrentarse a solicitudes de penas superiores a veinte años de prisión, la Sección Tercera de León considera que el tiempo que el investigado lleva privado de libertad -desde el 29 de junio de 2018- y el hecho de que tiene una «familia estable» constituyen un acicate, «creemos que poderoso», y «objetivamente suficiente para disuadirle de cualquier tentación de una posible sustracción al control judicial».

Por ello, tras apelar a la jurisprudencia de los tribunales Constitucional y Supremo, la Audiencia de León acuerda su libertad provisional con una fianza de 3.000 euros. Además, le exige que entregue el pasaporte y el permiso de conducir, a la vez que le impone la obligación de comparecer en el juzgado los lunes de cada semana. Todos estos trámites ya han sido cumplimentados, de forma que el investigado se encuentra fuera de prisión.

La decisión de la Audiencia castellanoleonesa ha generado un profundo malestar en la familia de las víctimas que han visto cómo un automovilista cargado de alcohol, que se llevó por delante las vidas de dos de sus allegados y dejó herido al niño, sale de prisión un año después.

La abogada donostiarra Adriana Navajas, que en el proceso representa a la familia Carrasco-Aguirre, afirma que la decisión de la Audiencia no es susceptible de ser recurrida, aunque precisa que como quiera que la resolución no les ha sido notifica, ha solicitado la nulidad de las actuaciones. Asimismo, la letrada ha presentado un escrito en el que solicita medidas más restrictivas para el investigado mientras permanezca en libertad.

Reconoce Adriana Navajas que la decisión de la Audiencia se ajusta a la legalidad, toda vez que se sustenta en la doctrina del Tribunal Constitucional, según el cual, la prisión preventiva ha de ser aplicada cuando es «estrictamente necesaria». Sin embargo, Navajas añade que «se trata de una decisión que ha dolido a la familia. No la esperábamos. Tanto nosotros como la Fiscalía nos oponíamos a la salida de prisión del investigado».

La abogada estima que en el momento de formular el escrito de calificación, su solicitud de pena podría superar ampliamente los veinte años, teniendo en cuenta que imputaría al kamikaze dos delitos de homicidio, uno más por las lesiones que causó al niño y otro por omisión del deber de socorro respecto también al menor, ya que huyó del lugar dejándole herido.

Todavía no se ha fijado fecha para la celebración del juicio. Quedan trámites que cumplimentar, aunque de acuerdo a las estimaciones que realiza la letrada de la familia, el juicio podría celebrarse dentro de los tres primeros meses del año que viene.

En el procedimiento, además de la acusación particular en nombre de la familia, la Fiscalía de León y la defensa, está también personado el Ayuntamiento de Amasa-Villabona como acción popular, que en su día, tras la aprobación en un Pleno, contrató los servicios del penalista leonés Javier Ignacio Fernández Vega.

De momento se ignora si el juicio se celebrará en un Juzgado de lo Penal de León o en la Audiencia. Ya sea en uno u otro órgano, los jueces han de pronunciarse sobre unos hechos que acontecieron a las 11.23 horas del 28 de junio de 2018. José Carlos, Nerea y su hijo acababan de incorporarse a la carretera N-601, a la altura del municipio leonés de Santa Cristina de Valmadrigal. Llevaban en torno a una semana en ruta y les quedaban varias etapas antes de llegar a la plaza del Obradoiro, en Santiago. Tras el descanso, cuando apenas habían cubierto 500 metros, un turismo se los llevó por delante. Los padres fallecieron en el acto y el menor quedó herido leve. Tras el atropello, el conductor, que circulaba ebrio y sin seguro obligatorio, se dio a la fuga, aunque fue detenido más tarde entre los municipios leoneses de Mansilla de las Mulas y Villamoros, a unos 17 kilómetros.