Los hosteleros vascos se lanzan a reclamar por los cierres obligatorios durante el Covid

Se trata de una batalla más en la cruzada de la hostelería por demostrar que las restricciones a las que fue sometido el sector durante la pandemia fueron «injustas» e «injustificadas». En concreto, se refieren a los cierres obligatorios que dictó el Gobierno Vasco, bajo decreto del lehendakari, entre el 10 de diciembre de 2020 y el 9 febrero de 2021.

En ese tiempo, dos veces a la semana, el departamento de Salud actualizaba la incidencia del virus por localidades. En aquellas en las que se superaba la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, se cerraba la hostelería hasta que volviese a bajar de ese límite. En algunos municipios de Gipuzkoa, el cierre se prolongó durante varias semanas. Es el caso de Beasain y Azpeitia, que estuvieron un total de seis semanas en rojo y con las persianas bajadas. Otros como Andoain y Ordizia estuvieron cerrados durante un mes.

Las asociaciones de hostelería recurrieron estos cierres ante los tribunales, y el 9 de febrero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó la medida cautelar solicitada y dio luz verde para reabrir bares y restaurantes, si bien bajo las limitaciones que estaban vigentes en ese momento, como el aforo al 50%. Un año después, el mismo TSJPV dictó sentencia declarando nulos esos cierres impuestos por el Gobierno Vasco. El fallo fue recurrido por el Ejecutivo, pero el Supremo lo ratificó en enero de este año. Una confirmación que abría la vía para las reclamaciones.

Desde enero se abrió un plazo de un año para presentar dichas alegaciones, un tiempo en el que las asociaciones de hostelería de Euskadi se han estado preparando con un despacho de abogados experto en reclamaciones y valoración de daños. Los hosteleros dispondrán de un modelo económico que realizará una estimación del dinero que podrían haber facturado durante el tiempo que estuvieron cerrados. Durante las próximas semanas realizarán campañas para informar a los hosteleros de los pasos a seguir para reclamar.

Al mismo tiempo han mantenido diferentes conversaciones con el Gobierno Vasco, que les ha transmitido que «como administración pública no van a reconocer el perjuicio causado, y que solo acatarán lo que se dictamine por vía judicial», explica Kino Martínez, secretario general de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa.

A pesar de esa negativa, el primer paso obligatorio es reclamar por la vía administrativa ante el Gobierno Vasco. Una vez agotada esta vía, podrán abrir la judicial, mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el TSJPV. No obstante, el tribunal vasco podría declararse no competente en este caso y elevarlo al Supremo, que está asumiendo todas las reclamaciones derivadas de las medidas Covid. Tanto es así que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada un Real Decreto-ley que reforma el orden contencioso-administrativo para que una resolución judicial concreta pueda extenderse a otras similares, y así evitar el colapso del Alto Tribunal ante el «aluvión» de reclamaciones que esperan recibir.

Para las asociaciones hosteleras es difícil hacer una estimación de cuántos empresarios reclamarán, aunque calculan que podrían ser hasta medio millar. En todo caso, muchos más que los que reclamaron por los cierres del primer confinamiento, decretado entre marzo y mayo de 2020. Entonces fueron 116 hosteleros que apuraron la vía administrativa, en la que reclamaban al Gobierno central 16 millones de euros. Sin embargo, tras la denegación, solo 60 continuaron por lo judicial, una vía que exige un desembolso económico mayor.

«Esta vez serán más, pero hay que tener en cuenta que un 20% de los bares que había en Euskadi cerraron a consecuencia de la pandemia», señala Martínez, quien destaca que «lo importante es que el Supremo nos vuelva a dar la razón y confirme que se tenía que haber articulado una vía de compensación» al sector.