Gipuzkoa registra trece violaciones en el primer semestre de este año
El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto con medidas contra la violencia de género, que incluye que la víctima se pueda personar como acusación particular
Gipuzkoa ha registrado en este primer semestre del año 13 violaciones, una más que durante el mismo periodo del año anterior, según datos hechos públicos por el Ministerio del Interior. En Irun se ha pasado de una a dos, en San Sebastián se mantiene en tres y en Errenteria se ha pasado de las tres violaciones del primer semestre del año pasado a la única registrada a lo largo de este 2018.
Las violaciones, que aparecen descritas en esta memoria como agresiones sexuales con penetración, son el aspecto más destacado de la memoria, pero el hecho es que todos los delitos de abuso y contra la libertad sexual se han incrementado este primer semestre del año en el País Vasco con respecto al anterior. Los porcentajes de aumento son elevados, rondan entre el 21,9 al 30,2% y se plasman también en Gipuzkoa y en sus principales localidades.
En el territorio, esos abusos a los que no se califica como agresión han pasado de 61 a 79 agresiones, lo que supone prácticamente un 30% de incremento.
Irun es el municipio guipuzcoano que más sufre este incremento, ya que pasa, por ejemplo en los delitos contra la libertad sexual, de 2 a 10 víctimas, un espectacular porcentaje del 400%. Las agresiones con penetración no se han eliminado, han pasado de una a dos.
Tampoco en la capital, en San Sebastián, los datos de violencia sexual parecen ir por buen camino. Por un lado las agresiones se han mantenido en tres, las mismas de enero a junio de 2017 que en estos mismos meses de 2018, pero por otro, el resto de delitos contra la libertad sexual han pasado de 18 a 27 casos, lo que puede ser preocupante, ya que hasta ahora las campañas no han surtido efecto.
Los datos se dieron a conocer ayer, cuando el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La principal novedad, ya esbozada en el texto firmado el pasado diciembre, es que las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en cualquier fase del proceso.
El cambio, se asegura, fortalece la tutela judicial para mejorar la participación de la víctima en el proceso penal con la designación urgente de abogados y procuradores de oficio en los procedimientos, de forma que se asegure la presencia inmediata de la defensa y los representantes de la víctima.
Atención a los hijos
Por otro lado, el Real Decreto-Ley incluye una modificación en el artículo 156 del Código Civil para que la atención y asistencia psicológica queden fuera del catálogo de actos que requieren una decisión común en el ejercicio de la patria potestad. Se trata de aquellos casos en los que cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.
De este modo, tras la modificación del Código Civil, los hijos e hijas menores de mujeres víctimas de violencia machista no necesitarán contar con la autorización del padre maltratador para recibir atención psicológica, algo que sí era necesario hasta el momento.
El Gobierno da así luz verde a los primeros cambios normativos para dar cumplimiento al Pacto de Estado, que incluye más de 200 medidas. La intención del Gobierno es que todas las modificaciones legales relacionadas con la lucha contra la violencia de género.
