Gipuzkoa no desiste y lleva el conflicto del peaje para camiones al Constitucional
Las Juntas Generales aprobarán hoy presentar un recurso de amparo al entender que el Supremo ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías al no consultar al Tribunal de la UE
Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobarán hoy llevar al Tribunal Constitucional el conflicto del peaje para camiones en la N-I y A-15, vigente ... desde 2018 y anulado por la Justicia por su carácter «discriminatorio» hacia los transportistas de paso frente a los locales por su configuración, con solo tres tramos de pago (Etzegarate, Andoain y Astigarraga). La Comisión Permanente del Parlamento provincial votará una iniciativa de los socios de Gobierno (PNV y PSE) en la que se insta a la institución a interponer un recurso de amparo ante el TC contra la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 18 de febrero que anulaba el primer peaje, que operó hasta mayo de 2019, y el posterior auto del 9 de junio que desestimaba el incidente de nulidad presentado contra esa decisión. La mayoría que suman nacionalistas y socialistas asegura que la iniciativa saldrá adelante, independientemente de la postura que adopten los partidos de la oposición.
El argumento aducido ha sido el que ha repetido en varias ocasiones la diputada de Infraestructuras Viarias de Gipuzkoa, Aintane Oiarbide (PNV): que en el proceso judicial se han conculcado dos derechos fundamentales previstos en el artículo 24 de la Constitución, el de la tutela judicial efectiva y el de tener un proceso con todas las garantías.
¿Por qué? Porque, en opinión de PNV, PSE y los equipos jurídicos de las instituciones de Gipuzkoa, dado que la norma foral que amparaba el peaje tiene como norma de contraste una directiva europea, el Supremo estaría obligado a consultar al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) antes de emitir su veredicto. En su defecto, en su resolución «debería haber justificado debidamente por qué no eleva esa cuestión prejudicial» a la Corte de Luxemburgo, explican fuentes jurídicas. «Y el Supremo no ha hecho ninguna de esas cosas», añaden.
Tras el rechazo judicial al modelo de tramos, la Diputación hará de peaje toda la N-I y la A-15
fin de año o comienzos de 2022
La tesis es que si existe una directiva sobre peajes de ámbito europeo, debería ser la Justicia comunitaria la que interprete las normas que regulan estos cánones en la Unión, establezca criterios y unifique doctrinas en los casos en los que, como ha sucedido en Gipuzkoa, se pone en entredicho su legalidad por cuestiones como la discriminación indirecta que han apreciado los tribunales nacionales.
Sin efectos a corto plazo
Sea como fuere, la elevación del conflicto al Constitucional no tendrá efectos prácticos para los camioneros a corto plazo. En primer lugar porque el recurso de amparo atañe a la norma foral 7/2016, la que regulaba el primer peaje, que dejó de estar vigente en mayo de 2019, cuando entró en vigor el actual.
Cronología
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Recorrido judicial
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Abril 2018 El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) anula el primer peaje, que había entrado en vigor en enero. La Diputación y las Juntas Generales recurren al Tribunal Supremo, al tiempo que, en virtud de la sentencia, preparan una modificación del esquema de cobro, trasladando el pórtico de Irun a Astigarraga y ampliando la longitud de los tramos sujetos a canon.
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Mayo 2019 Entra en vigor ese segundo peaje.
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Mayo 2020 El TSJPV anula también el segundo peaje. Las instituciones guipuzcoanas recurren otra vez al Supremo.
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Febrero 2021 El Supremo no admite los recursos contra la primera sentencia y valida la anulación del primer peaje.
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Mayo 2021 Hace lo mismo con los recursos por el segundo peaje, ratificando nuevamente la decisión del TSJPV y anulando el canon vigente.
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Mayo 2021 Diputación y Juntas presentan ante el TS sendos incidentes de nulidad contra las decisiones de este tribunal.
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Junio 2021 El TS rechaza los incidentes de nulidad relativos al primer peaje, declarando definitivamente ilegal ese canon y dando por concluido su recorrido judicial ordinario. Debe pronunciarse aún sobre el segundo.
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Julio 2021 Las Juntas Generales acuerdan presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al entender que el Supremo ha vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías al no consultar sus decisiones ante la Corte europea.
En segundo, porque para cuando el TC pueda pronunciarse, siquiera sobre si acepta o no el recurso, pueden pasar varios años y ya estará previsiblemente en funcionamiento el nuevo peaje que prepara la Diputación, que entrará en vigor a finales de año o comienzos de 2022. Un canon que, a diferencia de los aprobados hasta ahora, hará de pago para los vehículos pesados todo el trazado de la N-I y la A-15 por Gipuzkoa, incluyendo la Autovía de Leitzaran. Un peaje para todo el recorrido al que el Gobierno foral afirma sentirse «obligado» tras el rechazo judicial por dos veces a su idea de canon por tramos.
La Diputación seguirá cobrando el canon hasta que se publique la sentencia que lo anuló
peaje aún activo
Así las cosas, lo que buscan las Juntas Generales y la Diputación (que prepara su propio recurso de amparo, para el que hay de plazo hasta el 29 de julio) es una suerte de victoria moral ante el convencimiento de que su proyecto era legal y cumplía con la directiva europea, como demostraría que han sido las asociaciones de transporte y no una instancia comunitaria las que han denunciado los peajes. La Comisión Europea, por ejemplo, sí denunció el caso de los peajes para camiones en la autopista de Brenner (Austria), que en ocasiones se equipara al caso guipuzcoano. Ambos guardan similitudes pero también notorias diferencias.
El TS debe pronunciarse aún sobre los incidentes de nulidad relativos al segundo peaje, el actual
una decisión pendiente
Entretanto, los transportistas siguen haciendo frente al peaje que entró en vigor en mayo de 2019. Este también ha sido anulado por los tribunales con el mismo argumento de su carácter discriminatorio. Pero la Diputación mantendrá el cobro mientras no se publique la sentencia que lo ha invalidado. En este caso, el Supremo aún no se ha pronunciado sobre los incidentes de nulidad presentados por las Juntas y la Diputación contra su decisión.
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