La Diputación pierde 9 millones al verse forzada a suprimir el peaje a camiones

Fue la portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Eider Mendoza, la encargada de anunciar, a preguntas de los periodistas durante la comparecencia semanal para informar de las decisiones del Gobierno foral, que el edicto judicial que obliga a publicar en el Boletín Oficial de Gipuzkoa (BOG) la sentencia que invalidó el peaje llegó el lunes, y que saldrá publicado en el Boletín del jueves. Con su publicación se lleva a efecto la medida, por lo que el peaje desaparece esta medianoche.

Era este el trámite que faltaba para hacer efectiva una sentencia dictada inicialmente en mayo de 2020 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), ratificada en mayo de este año por el Tribunal Supremo (TS) y hecha firme en septiembre. La anulación del peaje actual sigue a la de un primer canon que estuvo vigente de enero de 2018 a mayo de 2019.

Como es sabido, ambos modelos de peaje por tramos han sido declarados «discriminatorios» para los transportistas de paso frente a los locales, al cobrarse únicamente tres puntos estratégicos de la N-I y la A-15, que hacen inviable eludirlos a los camioneros que cruzan Gipuzkoa en sus rutas hacia Europa, mientras los transportistas locales disfrutan de rutas mayoritariamente gratuitas en el interior del territorio.

Ante el revés judicial, la Diputación se ha visto en la tesitura de renunciar al peaje o extenderlo a todo el trazado de ambas vías para evitar esa discriminación. Atendiendo al mandato de las Juntas Generales (el parlamento provincial) salido de una ponencia en 2010, el departamento de Infraestructuras Viarias que dirige Aintzane Oiarbide (PNV) ha optado por lo segundo. Aquella ponencia abogaba por implementar en Gipuzkoa medidas para que los transportistas de paso colaborasen en los costes de construcción y mantenimiento de una red viaria guipuzcoana sobresaturada por su ubicación geográfica, de modo que no recayese todo el gasto en el presupuesto de la Diputación. Antes de la pandemia, pasaban por ambas vías una media de 12.000 camiones diarios, y el peaje supuso para la Diputación unos ingresos de 9 millones de euros en 2019. Una recaudación que se perderá durante el año sin canon ahora que la circulación de vehículos se ha recuperado.

El peaje venidero inició el lunes su tramitación en las Juntas Generales, que prevén aprobarlo a finales de año. A continuación habrá que desplegar toda la infraestructura necesaria para 'cubrir' todo el trazado y evitar posibles puntos de fuga. Serán cuatro nuevos pórticos a lo largo del recorrido (en Itsasondo, Tolosa y Lasarte-Oria en la N-I y cerca del túnel de Ondoilar en la A-15) y 109 lectores de matrícula en cada una de las 32 entradas y salidas existentes. Supondrá una inversión de 25 millones de euros.

Los trabajos durarán unos 12 meses, por lo que el próximo peaje entrará en vigor a finales de 2022 o comienzos de 2023. El anteproyecto de norma que lo regula establece que deberá activarse como tarde el 31 de marzo de 2023, pero Mendoza subrayó ayer que «la licitación para las infraestructuras ya está en marcha», por lo que el nuevo peaje podría estar activo «ya a finales de 2022».