Gipuzkoa contará «en los próximos meses» con un índice de precios para topar los alquileres en zonas tensionadas

La Ley estatal de Vivienda aprobada en 2023 establece los límites a la fijación de precios de los arrendamientos pero para ello es necesario que previamente las haciendas forales vascas faciliten los datos catastrales y fiscales y se envíen al Ministerio de Vivienda para que establezca esas referencias. Según ha señalado Agirre, la primera comunicación formal por parte del ministerio para el envío de la información requerida llegó el pasado 4 de octubre y tras una reunión celebrada a finales de ese mismo mes se constató que la metodología ofrecida «no es válida» . En referencia a los datos fiscales, Agirre ha explicado que «la información solicitada se basaba en la estructura de datos de la Agencia Estatal Tributaria y no es válida para la Hacienda Foral de Gipuzkoa ya que el tratamiento de estos datos es distinto en el territorio.

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Ha señalado que ante esta situación, «nos pusimos a trabajar con el Eustat» y se decidió que sea esta institución quien elabore dicho índice, siempre con el visto bueno del Ministerio de Vivienda. La diputada foral de Hacienda ha afirmado que la metodología establecida por el Eustat requiere el cruce de distintas fuentes de datos proporcionados por diferentes instituciones, «es un índice complejo, que utiliza diferentes fuentes y lleva tiempo», ha añadido. Y es que además de los datos fiscales vinculados al IRPF e información catastral, para realizar el índice de precios de referencia, «se precisa de información sobre el ámbito poblacional, censo e información relacionada con los contratos de arrendamiento que EUSTAT está recogiendo de otras instituciones para desarrollar el trabajo». «En los próximos meses el índice estará listo» para su envío y validación por parte del Ministerio de Vivienda.

El juntero de EH Bildu, Haritz Perez, ha criticado «el retraso» por parte de la Diputación para poner en marcha el proceso para la fijación de precios. Ha afirmado que «el PNV ha retrasado deliberadamente» el cálculo de este índice, que está impidiendo que «nuestros ayuntamientos sigan sin poder desarrollar todas sus capacidades« desde que se aprobó la Ley estatal de Vivienda.

A este respecto, Agirre ha recordado que «hemos tenido que empezar con otra metodología» y ha defendido que «la Diputación no ha atrasado nada. El departamento de Hacienda y Finanzas ha recopilado y procesado los datos de la manera más rápida, eficaz y eficiente posible y continúa colaborando para dotar al Ministerio del índice de precios de referencia acorde a los criterios marcados por esta institución», si bien hasta que no se publique esta referencia, los municipios que se declaren zonas tensionadas en el mercado del alquiler no podrán topar los precios.