Una Gipuzkoa sin abono transporte confía en aplicar los descuentos en las tarifas Mugi

Gipuzkoa lleva años funcionando con el sistema Mugi de descuentos por uso del transporte público. Un sistema muy extendido, con cerca de 150.000 usuarios, y que se basa en el uso de una tarjeta recargable que brinda descuento en los trayectos (tanto en bus como en tren) desde el primer viaje, con hasta el 48% de descuento en los primeros 20 viajes del mes y el 90% -mínimo- a partir del número 51. Un sistema complejo, más progresivo y equitativo pero que, en su esencia, no es un abono transporte mensual o anual al uso. Y el presidente Sánchez ha puesto el foco en estos bonos.

El presidente ha anunciado una rebaja del 50% del precio de todos los abonos mensuales con titularidad estatal (como Renfe), además del 30% de reducción de los abonos que dependen de las comunidades autónomas y los ayuntamientos (autobuses y metro), que además podrán ampliar con recursos propios hasta el 50%. Una medida que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre y se extenderá, por tanto, durante 4 meses hasta final de año. Una reducción, como explica el texto trasladado por el Gobierno, «en el precio de todos los abonos y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta».

El propio presidente ha lanzado un ejemplo con el abono mensual de Cercanías de Madrid. «Si ahora cuesta 29 euros, pasará a costar 14,5 euros», ha explicado. ¿Entonces la Mugi, quedará dentro o fuera de esta ayuda para fomentar el transporte público?

Desde el Deparamento de Movilidad y Ordenación del Territorio de la Diputación de Gipuzkoa no tienen duda de que la medida debe ser «universal» y que pese a no disponer como tal de un abono mensual de transporte, las ayudas para poder aplicar esos descuentos a los usuarios a partir de septiembre «llegarán, se aplicarán en la Mugi y servirán para seguir ahondando en la progresividad del sistema». Así lo confirma a DV la propia diputada de Movilidad, Rafaela Romero (PSE), que espera conocer el detalle del decreto para poder empezar a trabajar en un verano que se presenta frenético.

Eso sí, una vez conocido algo más del detalle de la medida, el sistema guipuzcoano encajaría en esa definición «multiviaje» y en otra explicación que apunta que «las ayudas son compatibles y acumulables con cualquier otra subvención o ayuda que pueda estarse concediendo a los usuarios del transporte con la finalidad de reducir el precio final de abono de los billetes multiviaje expedidos por los prestadores del servicio».

Gipuzkoa es el único territorio que no dispone de abonos específicos. Bizkaia, por ejemplo, al margen de la tarjeta Barik, tiene también una serie de bonos por 50, 70 o más viajes. Así las cosas, la Diputación comenzará a trabajar «en cuanto se pueda» en confeccionar esos nuevos escenarios de tarifas, un nuevo marco que modificará para el 1 de septiembre las nuevas tarifas que se aprobaron el pasado 6 de abril. En definitiva, un trabajo que será a contrarreloj.

Romero recuerda también que la Diputación ha abogado este año por no aumentar las tarifas de los trayectos pese al incremento de los costes del transporte público por los carburantes. Pese a esa contención, la diputada confía en que las rebajas prometidas por Sánchez repercutan en bajadas de la tarifa a partir de septiembre.

Según apunta el texto que se convalidará con el decreto, la distribución de las ayudas entre las comunidades autónomas y entidades locales se llevará a cabo mediante los criterios objetivos de demanda, de oferta o de población que se determinen en la metodología que se aprobará por Orden Ministerial de la persona titular del Ministerio de Transportes. Por tanto, en el reparto de estas ayudas también puede haber variedad de opiniones entre todas las administraciones que se vean afectadas.

Esa fórmula para repartir las ayudas deberá estar aprobada antes del 15 de julio, como apunta el texto del Gobierno. Unas ayudas que se financiarán mediante un crédito extraordinario de 221 millones de euros. El Gobierno adelanta además que las administraciones gestoras de los servicios deberán llevar a cabo «los ajustes técnicos necesarios para implementar la reducción del precio» en los meses de julio y agosto.