«El futuro peaje ya lo veremos, lo que nos importa es dejar de pagar el actual»
Hiru centra su denuncia en que Gipuzkoa siga cobrando el canon anulado por la Justicia tras conocerse el peaje en toda la N-I y A-15a partir de 2023
El sindicato vasco de transportistas Hiru sigue centrado en denunciar que la Diputación de Gipuzkoa mantenga el actual peaje para camiones de la N-I ... y la A-15 cuando este ha sido anulado por los tribunales, un día después de conocerse los detalles del próximo canon que sustituirá a este y que tendrá mayores consecuencias para los camioneros locales. «El futuro peaje ya lo analizaremos, lo que nos importa es dejar de pagar el actual tras las sentencias judiciales», señalaron ayer fuentes de la organización, que reiteraron su rechazo a cualquier tipo de peaje y pidieron la devolución a los camioneros del dinero cobrado a través del canon invalidado.
El futuro peaje hará de pago a partir de 2023 todo el trazado de ambas carreteras por el territorio, en lugar de solo los 16 kilómetros actuales: 7,45 kilómetros en el tramo de Etzegarate; 5,37 en el de Andoain y 3,19 en el de Astigarraga. De este modo, recorridos que ahora son gratuitos, como un Tolosa-Beasain, pasarán a ser de pago. Junto a ello, al haber más kilómetros de peaje, la consecuencia es que el coste de cruzar Gipuzkoa de norte a sur o viceversa llegará a casi triplicarse respecto al momento actual, tal y como avanzó ayer este periódico. Frente a los 4,24 euros que paga ahora un camionero de la tarifa 1 y los 5,32 uno de la 2 por ir de Etzegarate a Astigarraga, con el nuevo peaje el desembolso será de 11,62 para el primero y de 14,80 para el segundo.
Hacer todo el trazado de pago ha sido la solución a la que se ha visto «obligada» la Diputación tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y del Supremo (TS) de anular el esquema actual, por el que se cobran únicamente tres tramos. Los jueces observan que este sistema, con los puntos de cobro en las entradas y salidas del territorio y en un nudo estratégico como el enlace de Andoain, es «discriminatorio» hacia los transportistas de paso frente a los de ámbito local, que pueden circular por ambas vías con recorridos gratuitos.
El Gobierno foral se ha visto así conminado a optar entre un 'todo o nada' en el que la opción de renunciar al peaje está descartada desde que hace años todos los grupos políticos coincidieran en que Gipuzkoa necesitaba cobrar en todas sus vías de alta capacidad un canon para ayudar a costear el desgaste de una red viaria sobreutilizada por su ubicación geográfica y su carácter transnacional.
Críticas del PP
Antes de la pandemia, más de 12.000 camiones circulaban cada día por estas carreteras, muchos de ellos de paso.
El portavoz del PP en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Juan Carlos Cano, se mostró muy crítico con el proyecto. Defendió que «los ingresos que se prevén con la extensión de los peajes a la totalidad de las dos carreteras superan con creces los costes de mantenimiento», por lo que tildó de «atraco a los transportistas» la iniciativa de la Diputación. «Están empeñados en convertir Gipuzkoa en una ratonera de la que no escape ningún transportista sin pagar; las Juntas obligan a implementar un peaje, pero no a vengarse ni a perpetrar un atraco a mano armada al sector del transporte», clamó Cano en un comunicado.
Llamó la atención sobre el coste que supondrá instalar puntos de lectura de matrícula y cobro en cada entrada y salida a la N-I y A-15. «Es muy probable que lo obtenido por los peajes se destine, precisamente, a sufragar los elevados costes de colocar el mamotreto de arcos y medios arcos que deberán instalarse por toda Gipuzkoa».
El portavoz popular acusó a la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide (PNV), de haber «perdido el norte», y la instó a «abandonar la prepotencia y el resentimiento» y a «sentarse a negociar con el sector del transporte, porque con un peaje mucho menos cuantioso se cubren las necesidades de la Diputación».
La Diputación prevé aprobarlo en septiembre y en Juntas antes de fin de año
Con su publicación en la web de la Diputación, el anteproyecto de norma foral que regulará el tercer peaje para camiones en Gipuzkoa -que se puede consultar y descargar también en diariovasco.com- inicia su tramitación con el objetivo de hacerse realidad como muy tarde en el primer trimestre de 2023. Tras el periodo de exposición pública, que durará hasta el 31 de agosto, se abrirá el correspondiente plazo de presentación de alegaciones, tras el cual el Gobierno foral tiene previsto aprobar el texto en Consejo de Gobierno a lo largo del mes de septiembre.
En ese momento el proyecto se trasladará a las Juntas Generales de Gipuzkoa, donde se iniciará la tramitación parlamentaria con la aportaciones que, en su caso, puedan realizar los partidos con representación en el legislativo provincial. La idea de los socios de gobierno, PNV y PSE, es que el texto definitivo pueda estar aprobado antes de fin de año.
En todo caso, todavía quedará tiempo para que el nuevo peaje sea una realidad. La complejidad que supone instalar lectores de cobro en cada una de las entradas y salidas de estas dos vías de alta capacidad, unido al hecho de que al tratarse de un nuevo esquema diferente al actual necesita el visto bueno de la Comisión Europea, hará que su puesta en práctica no se prevea hasta 2023.
El propio texto impone que la fecha tope para el inicio del cobro del peaje sea el 31 de marzo de 2023.
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