La empresa del autobús incendiado en Arrasate acumula más de 20.000 euros en multas en 6 meses

La regidora desveló que el Ayuntamiento «ha abierto hasta el momento ocho expedientes sancionadores por incumplimientos del servicio». Y que en marzo le lanzó un requerimiento «para que opere dentro de los parámetros de calidad establecidos». «El servicio no está siendo bueno y Arrasate no puede seguir con este servicio de autobús urbano escaso y deficiente; no podemos soportar más quemas de autobuses», sentenció la alcaldesa.

Arrasate no es el único frente que tiene abierto Avanza, que desde noviembre del año pasado está en el punto de mira de las administraciones. En este medio año acumula dos expedientes de inspección abiertos por el Gobierno Vasco y la Diputación de Gipuzkoa relacionados con el estado de los autobuses, y más de 20.000 euros en multas de esta última por una veintena de sanciones impuestas a raíz de quejas de usuarios que han revelado deficiencias.

Avanza, que forma parte del holding mexicano Mobility ADO, es heredera de Pesa, tras haber adquirido el grupo guipuzcoano hace unos años asumiendo sus servicios. En la actualidad, además de en Arrasate, es la encargada del transporte urbano en municipios como Zarautz y Lasarte-Oria, y de los servicios interurbanos de Lurraldebus de Alto Deba y las conexiones entre Donostia y las otras dos capitales vascas.

En noviembre, a raíz de una denuncia del comité de empresa, el Gobierno Vasco abrió un procedimiento de inspección a Avanza por motivos de seguridad laboral debido al «deficiente mantenimiento de la flota» denunciado por los trabajadores y el «riesgo» que esta situación conlleva para conductores y viajeros.

De inmediato, el departamento de Movilidad de la Diputación de Gipuzkoa, en su condición de garante de la calidad del servicio en los buses de Lurraldebus, abrió su propio expediente y su propia inspección. Entre otras medidas, se ordenaron tres actuaciones especiales: exigir a Avanza todos los libros de mantenimiento de los vehículos, reclamar la relación de servicios de mantenimiento realizados de forma externa, y el estado actualizado del personal propio de la empresa dedicado a mantenimiento.

El departamento que dirige Rafaela Romero (PSE) ha vuelto a requerir a la empresa estos documentos «hace dos semanas», aseguran fuentes de Movilidad, que subrayan que en los últimos meses Avanza es objeto de «atención prioritaria».

De hecho, los responsables del departamento tienen previsto verse con el comité de empresa la próxima semana atendiendo a una petición de reunión urgente solicitada por estos a finales de abril para analizar la adopción de «medidas de urgencia» sobre Avanza ante una situación que juzgan ya «insostenible». Sobre la mesa está la sospecha de que la información que facilita la compañía al Gobierno foral podría no ser del todo veraz, lo que conllevaría un incumplimiento contractual por no informar a la Administración del estado real de los vehículos, como bienes públicos que son.

Romero, que ya había anticipado la semana pasada al comité su disposición a reunirse, oficializó ayer este compromiso mediante una carta en la que pide a los trabajadores que pongan fecha y hora para ese encuentro a partir del lunes.