Un guipuzcoano, una abogada colegiada y un marroquí, cerebros de una red de abuso y explotación de trabajadores migrantes

Según ha informado este viernes en un comunicado la Policía Nacional, la detención de los cuatro individuos, que formaban parte de una red estructurada y están acusados de delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal y contra los derechos de los trabajadores, se produjeron en el marco de una investigación iniciada en octubre de 2024 y desarrollada por agentes de la Brigada de Extranjería y Fronteras, en colaboración con otras unidades especializadas.

La investigación comenzó tras detectarse posibles irregularidades en varios empadronamientos en una vivienda de Irun. Según la información inicial, diferentes personas se empadronaban en este domicilio a cambio de una contraprestación económica, pese a no residir en él. Las pesquisas permitieron comprobar que, entre noviembre de 2019 y la fecha de solicitud de información, 19 personas se habían empadronado en ese domicilio de la localidad fronteriza y otras 16 en viviendas de San Sebastián, en su mayoría extranjeros en situación irregular.

Para verificar estos hechos, la Policía Nacional localizó y tomó declaración en diferentes puntos de España a diecinueve personas que habían figurado empadronadas en los inmuebles investigados. Al menos trece de ellas reconocieron haber pagado al principal investigado, identificado como J.M.L.T. y natural de Gipuzkoa, por autorizar su empadronamiento, sin que residieran realmente en dichas viviendas. Estos empadronamientos se utilizaban posteriormente para consolidar permisos de residencia y acceder a la documentación necesaria para permanecer en España de manera legal.

Los investigadores constataron que al menos diez de las personas empadronadas regularizaron su situación en España mediante la obtención de autorizaciones de residencia y trabajo vinculadas a contratos en origen que, eran gestionados por dos empresas del ámbito de la construcción con sede en Gipuzkoa y Bizkaia. Estas contrataciones eran facilitadas por Y.Z. de origen marroquí y 47 años de edad que, contactaba con personas en Marruecos —en su mayoría de una ciudad cercana a la localidad de origen de su propia esposa— y les ofrecía oportunidades laborales en España a través de empresas aparentemente legítimas.

Tras aceptar la oferta, éste ponía a los interesados en contacto con una abogada especialista en extranjería del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, que actuaba como representante legal de las empresas contratantes. Ella, a continuación, tramitaba las solicitudes de autorización de residencia temporal y trabajo ante las subdelegaciones del Gobierno. Así que, una vez obtenida la autorización, los ciudadanos marroquíes solicitaban el visado correspondiente en consulados o embajadas de España y entraban en territorio nacional de forma legal.

Al llegar a España, los trabajadores extranjeros eran empadronados en inmuebles de J.M.L.T., dados de alta en la Seguridad Social por breves periodos —entre 13 y 26 días— tiempo en el que, en la mayoría de los casos, en lugar de prestar servicios para las empresas contratantes, realizaban trabajos de construcción ajenos a estas bajo la dirección de su compatriota mediador, sin ninguna vinculación con quienes les habían contratado formalmente.

Las condiciones laborales eran manifiestamente irregulares. Trabajaban sin control de jornada, sin cumplimiento de convenios colectivos y percibiendo sueldos muy por debajo de lo estipulado legalmente, repitiéndose estas prácticas de forma sistemática bajo el conocimiento y la permisividad de las empresas responsables de la simulación contractual.

Según los indicios recopilados, J.M.L.T., Y.Z. y otras personas implicadas recibían compensaciones económicas de diversas formas, como 3.000 euros por persona por gestionar una contratación en origen; trabajos o servicios a cambio, como reformas en viviendas en Marruecos; retención de parte del salario que los trabajadores percibían en España; y cobros directos de hasta 250 euros por facilitar un empadronamiento ficticio.

En total, la investigación de la Policía Nacional permitió documentar al menos catorce casos de contrataciones ficticias, todos ellos seguidos de empadronamientos y posteriores altas laborales sin actividad real en las empresas implicadas. También quedó acreditado que J.M.L.T. facilitó el empadronamiento a veinticinco personas extranjeras, sin que residieran efectivamente en los domicilios ofrecidos.