La Diputación activa 5 millones para subir el sueldo a 5.000 empleadas de residencias

Tras casi tres años desde que se iniciara la negociación del convenio, bloqueada la mayor parte de este tiempo, las piezas de este complejo puzzle han empezado a moverse en las últimas semanas para intentar encajar una paz social que todavía parece difícil de lograr, si bien los pasos se aceleran, en mitad de una negociación cuando menos tensa en la que cada actor sigue su táctica.

En el plano más inmediato, las trabajadoras están a punto de recibir la paga extra acordada con las empresas, que supondrá ingresar unos 930 euros de media por los atrasos acumulados (un 3,6% de incremento, correspondiente al IPC de 2017, 2018 y 2019). La Diputación, en consejo de gobierno, aprobó la semana pasada abonar 5 millones a las empresas del sector en el que se incluye esa actualización salarial, pactada hace un mes de forma parcial únicamente por UGT, con las patronales. Pese a que se selló en minoría sindical, sí es de aplicación general para el conjunto de empleados, salvo que la persona beneficiaria manifieste por escrito lo contrario y que se niegue a cobrar ese incremento.

También se acordó subir el IPC +0,5 para 2020 y 2021. Los atrasos se abonarán probablemente a finales de mes o a principios de enero, porque no se puede agilizar más el pago «por cuestiones administrativas», explicaron fuentes empresariales. La cifra varía en función de la situación laboral, pero oscila entre los 669 euros para las categorías más bajas y los 1.286, para las más altas, según datos aportados por UGT. Esa paga extra se sumará al incremento salarial, de entre 46,85 euros al mes y los 91,87 euros.

El pacto parcial de retribuciones no resolvió la huelga, incluso removió aún más al sector, al menos de puertas para afuera. El resto de sindicatos tildaron el acuerdo de «cierre en falso» del conflicto, mientras que las patronales instaron a seguir negociando en la mesa, con una nueva cita para el 10 de enero en la que tratarán otros asuntos del convenio.

Una de las llaves para abrir o darle una vuelta más al cerrojo de la negociación la tiene ELA, sindicato con mayoría en el sector -60% de representación-. La central abertzale ha convocado a partir del jueves un nuevo mes de huelga, solo 24 horas después de que termine el último calendario de movilizaciones, iniciado el pasado 11 de noviembre. La convocatoria fue registrada hace ya días, para cumplir los plazos oficiales, pero entretanto parece que se ha abierto un pequeño resquicio en mitad de este enredado panorama.

ELA, que se ha negado desde hace más de un año a sentarse a esa mesa negociadora, sí quiere ahora abrir un canal de comunicación, pero de forma paralela a esa mesa, y ha pedido que hoy se citen con ellos en la sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) patronales, resto de sindicatos y la Diputación, porque entiende que esta última, aunque oficialmente no forma parte de la negociación, sí tiene una responsabilidad directa ya que financia las plazas que contrata con las empresas (casi el 90% del sector) y ese marco presupuestario es el que permite tener más o menos margen a las empresas para atender las reivindicaciones de las trabajadoras.

La institución foral ha querido desmarcarse de la primera línea de la negociación, más allá del papel de facilitar a cada parte los datos disponibles y animarles al acuerdo, además de garantizar la atención a los usuarios en los días de huelga, con servicios mínimos. Hoy, de hecho, no acudirá a la reunión en el CRL pese a estar invitada. No es un acto de mediación en sí, porque ninguna de las partes ha solicitado dar ese paso, al menos de momento.

A diferencia de lo ocurrido en el conflicto de la red de educación concertada, la cita en el CRL no concita el consenso. Al parecer, una parte de las patronales, la que representan Adegi y Matia -con mayoría empresarial-, sí ha mostrado su intención de acudir a la cita. Se trata de los representantes empresariales con los que ELA alcanzó un preacuerdo el pasado mes de febrero que nunca llegó a fructificar porque no se terminó de firmar.

En cambio, desde la asociación de centros gerontológicos, dentro de Garen, entienden que la reunión responde más a «una estrategia mediática por parte de ELA», que a una intención de negociar, para lo cual invitan a la central abertzale a regresar a la mesa y sentarse el próximo 10 de enero, como lo harán el resto de sindicatos. «Es fuego de artificio», resumen desde la entidad.

Por la parte sindical, ELA y Comisiones Obreras sí asistirán al encuentro, mientras que UGT no lo hará, porque también considera que la mesa de negociación sigue siendo el canal válido para avanzar en el futuro convenio. «No entendemos esta precipitación -por parte de ELA», dijo ayer Arantxa Agote, de UGT, con un 10% de representatividad en el sector.

ELA insiste en que se debe dar una solución al conflicto, pero quiere se abra la vía del acuerdo fuera de la mesa de negociación, de la que se levantaron hace ya más de un año, porque no se daban dos condiciones que la central puso sobre la mesa: «que se subieran los sueldos en 2017 y 2018, y que el acuerdo firmado se sellara después en cada empresa», si bien ayer mismo matizaba que «la vuelta siempre está abierta», en palabras de Txomin Lasa, portavoz del sindicato, que mantiene el pulso «con la intención de dignificar las condiciones laborales y mejorar una deficiente calidad del servicio», que pasa por una situación «muy grave».

La central reclama que, además de cerrar mejoras salariales y de condiciones laborales, se tiene que «dignificar» la atención a los usuarios. La asociación de familiares, creada en pleno conflicto laboral, ha pasado a tener un papel activo, con concentraciones semanales para pedir a la Diputación que medie y dé una solución. Hoy mismo llevarán su protesta a las puertas de las Juntas Generales de Gipuzkoa, en Donostia, con motivo del día internacional de los Derechos Humanos, y para reivindicar «los derechos y cuidados de nuestros familiares y al mismo tiempo pedir una solución al conflicto laboral».

A este escenario, hay que sumar también un plano judicial. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) acaba de ratificar la ampliación de servicios mínimos dictada por el Gobierno Vasco tras la celebración del primer día de huelga en septiembre de 2018, en contra del recurso presentado por ELA. La central entendía que la ampliación del personal obligatorio los días de huelga (que pasó del 50 al 70%, y un 10% en horas de mayor actividad) no está suficientemente motivado y además respondía a un informe de inspección de la Diputación que se realizó de forma no presencial, solo con las incidencias comunicadas por parte de las empresas. La sentencia del TSJPV tumbó el recurso de ELA al dar por válido el informe foral. La resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo en el plazo de un mes.