Los camioneros locales pagarán hasta 1.500 euros más al año por el nuevo peaje de la N-I

Desde la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Gipuzkoa consideran que este nuevo factor desequilibrante no ayudará a un sector menguante que cuenta en Gipuzkoa con 1.025 empresas menos que hace una década, que sigue afectada por «la competencia desleal» que proviene del exterior y donde «pese a la incipiente recuperación económica, los márgenes cada vez son más reducidos». La aplicación en toda su amplitud del tramo autonómico del 'céntimo sanitario' en las gasolineras vascas desde comienzos de año es otro condicionante que todavía no han terminado de digerir los transportistas locales, que se encuentran ahora con otro coste 'extra' en su actividad que afectará directamente a la rentabilidad de las empresas del sector y apunta a «precarizar aún más» las condiciones del mismo.

«Es muchísimo dinero y no nos ofrecen ninguna opción de descuento. La gente piensa que tenemos el sistema Abiatu, pero nosotros no disponemos de ninguna tarifa plana», explica Jaione Ugalde, portavoz del sindicato de transportistas Hiru, que ayer denunció públicamente mediante una nota que el sector «se haya enterado por DV de la entrada en vigor del nuevos sistema» antes de recibir ninguna comunicación oficial por parte de la Diputación foral de Gipuzkoa. El sindicato, en una nota informativa, transmitió también que «la norma inicial ya castigaba, por frecuencia de paso, a los transportistas vascos, pero la segunda, que entrará en vigor el día 14, acabará de quebrar la economía de aquellos que con más frecuencia pasan por la N-I», esto es, los camioneros vascos y navarros.

Ugalde sostiene que durante todo el proceso se han sentido «ninguneados» ya que «la Diputación ha hecho caso omiso a nuestras peticiones», de forma que «la aplicación de la nueva norma nos deja una sensación de impotencia muy grande». La portavoz de Hiru explica que «la industria en Gipuzkoa está vertebrada por la N-I de forma que para la mayoría de los servicios que prestan los transportistas deben atravesar esa vía».

«No es un buen momento para el transportista en Euskadi», añade Ugalde, quien advierte que el sector está cansado de «que nos sigan poniendo palos en las ruedas», por lo que reclaman a las administraciones «que den pasos de una forma inmediata ya que solo hace falta voluntad política».

Desde Guitrans también lamentan que estos cambios que afectan directamente a la viabilidad de las compañías locales de transporte lleguen en un momento en el que la actividad «comienza a recuperarse». En el último año 34,5 millones de toneladas fueron transportadas por camiones con matrícula española por las carreteras guipuzcoanas según la última estadística del Eustat. Esa cifra se encuentra a la altura de la de 2017 y suponen casi 4 millones de toneladas más que en 2013. Además, el mayor incremento se notó en el transporte interior (intramunicipal e interregional) que se situó en 31,3 millones de toneladas, un 4% más que en 2017. La maquinaria, los vehículos y otras manufacturas son los productos que en mayor medida son transportados en camión por las carreteras del territorio.

Palacios apunta que las empresas «no nos negamos a pagar por el uso de las carreteras, pero no podemos asumirlo porque en este momento no podemos revertir ese nuevo coste en el precio que le ofrecemos al cliente». La patronal no cree que la competencia que llega desde el exterior aproveche este cambio en las tarifas para hacerse con algunos trayectos interiores en el tránsito de estos vehículos de un extremo a otro del territorio. Y es que cualquiera podría pensar que al solo encarecerse el tramo interno del peaje de la N-I -la tarifa que pagará un trailer que entre por Irun y continúe por Etzegarate, y viceversa, se reducirá entre 1,3 y 1,5 euros- los transportistas foráneos se podrían beneficiar de esas condiciones para adjudicarse más transportes en el territorio. Pero parece que el temor del sector no apunta a esa cuestión.

Cabe recordar también que con las modificaciones realizadas en la nueva norma de peajes, la Diputación quiere salvar cualquier posible objeción judicial que anule el sistema y por ello trata de equilibrar las tarifas en los nuevos tramos diseñados de forma que la justicia no vuelva a observar una «discriminación a los transportistas foráneos» como falló el Superior vasco sobre el primer sistema AT avalando así la reclamación de la patronal estatal del sector. «Al final, la cuestión terminará decidiéndose en los tribunales ya que los partidos no se muestran receptivos», concluye Palacios.