Leonardo Porras desapareció. Era un desempleado de 26 años, natural de Soacha (Colombia). Al cabo de 252 días de búsqueda, su madre Luz Marina Bernal ... recibió una citación. Un fiscal le contó que el cadáver de Leonardo había aparecido en una fosa común, vestido de camuflaje y con una pistola en la mano derecha que él había disparado. Según el informe militar, Leonardo era el jefe de un comando narcoguerrillero que atacó a una brigada y murió en el tiroteo. Luz Marina acreditó que su hijo padecía una discapacidad mental profunda, no sabía leer ni escribir, y tenía la parte derecha del cuerpo paralizada, incluida la mano. Este montaje fue tan flagrante que destapó el escándalo de los falsos positivos: militares secuestraban a jóvenes de barrios pobres, los asesinaban, los vestían de guerrilleros, y por cada muerto (por cada «positivo») cobraban recompensas secretas del Gobierno de Álvaro Uribe, quien así presumía de éxitos contra el terrorismo. El recuento oficial, por ahora, es de 6.402 inocentes asesinados.
El viernes sentenciaron a Uribe a 12 años de prisión domiciliaria por sobornar a paramilitares para que declararan a su favor en los tribunales. Recordé lo que me contó Luz Marina cuando condenaron a seis soldados por el caso de Leonardo: «Condenan a los de rango bajo, pero queremos saber quiénes lo organizaron todo, quiénes dieron las órdenes y pagaron los asesinatos de nuestros hijos con dinero del Estado. Necesitamos la verdad para seguir viviendo».
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