Beatriz Artolazabal: «No hay que olvidar que la RGI no es para siempre, sino una ayuda puntual»

La nueva Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que propone el Gobierno Vasco ha recibido las primeras críticas al pisar la arena política. La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, intenta despejar dudas e insiste en que «el objetivo de la reforma es preservar el modelo, impulsar un control de las ayudas y favorecer también la incorporación de los perceptores al mercado laboral». Al margen del debate que ahora se abre en el Parlamento, Artolazabal también lanza un mensaje a las empresas: «La economía tiene que ayudarnos a que estas personas accedan a un empleo de calidad».

- ¿La nueva RGI va a suponer recortes,como le acusa una parte de la oposición, o mejoras, como promete el Ejecutivo, o las dos cosas?

- Va a suponer un avance. El objetivo es poner en valor un sistema único en el Estado y uno de los más pioneros en Europa, preservar ese modelo y responder a las necesidades actuales y futuras. Sí es verdad que se impulsa un control de las ayudas y que además también se busca intermediar y favorecer la incorporación de los perceptores al mercado laboral. No tenemos que olvidar que la RGI no es una renta universal sino coyuntural, que ayuda a las personas en un momento puntual a superar una situación complicada.

- La medida que más controversia ha suscitado es la de conceder una RGI por vivienda. ¿Implica un retroceso respecto a la ley actual?

- La propuesta que asumimos como Gobierno es una propuesta técnica, eso lo quiero dejar claro. Entendemos que esa medida en concreto va a mejorar la gestión, que va a evitar agravios comparativos porque la protección de las personas individuales era superior a la cobertura de las familias con hijos. Queremos que la unidad de convivencia responda a la convivencia real. No se pretende que nadie salga perjudicado. Si hay personas que conviven en una vivienda, sin relación jurídica ni afectiva entre ellas, tendrán un periodo transitorio de entre 12 y 24 meses, pero también se les concederá una prórroga si la situación de necesidad se prolonga.

- ¿Por qué no se explicó este detalle el día de la presentación? ¿Se quiso aparentar que se toman medidas más restrictivas de lo que realmente son, como dice el PP?

- Intentamos presentar las quince medidas haciendo un resumen que entendíamos suficiente y que ahora estamos intentando aclarar vistas las dudas generadas. No hubo ninguna intención. Insisto en que la protección de esas personas va a ser similar o igual a la actual.

- ¿El refuerzo de las medidas de control es criminalizar a los perceptores como les acusa parte de la oposición?

- No comparto ni acepto que se nos acuse de criminalizar a los perceptores por realizar un control de las ayudas. Nuestra obligación es preservar un modelo del cual estamos muy orgullosos. Que algunos tengan el interés de criticar nuestras propuestas solamente vinculándolas al lado del control es su responsabilidad. No se ha hablado de un montón de medidas sociales, como puede ser el hecho de que hay personas que no podían acceder a la RGI porque tienen un pequeño patrimonio que no pueden vender o que vamos a proteger a las familias con una mayor cuantía económica, o que también se reduce de tres a dos años el empadronamiento para familias con menores.

- ¿Ampliar las medidas de control no contribuye a reforzar la percepción social de que el fraude está muy extendido cuando en realidad solo llega al 1%?

- No es cierto ni que el fraude está muy extendido ni que no hacemos ningún control sobre las ayudas. Quiero dejar claro que el dinero defraudado solo supone el 0,8% del gasto hecho. Pero hay un pequeño margen en el que tenemos que seguir trabajando, lo mismo que en cualquier servicio público. Que sea una cuantía ínfima no implica no seguir avanzando y mejorando. Que adoptemos medidas de control no significa que demos pábulo a que existe un fraude extendido.

- El PP dice que por fin asumen la realidad. ¿Ha adoptado el Gobierno Vasco el discurso del PP y de Maroto?

- Ni comparto ni estoy de acuerdo con las afirmaciones que hacía el señor Maroto. Esas sí que criminalizaban, porque enfocaban su crítica a las personas inmigrantes. Nosotros cuando hablamos de control nunca hablamos ni de colectivos ni de origen de las personas. Lo que decimos es que existen mejoras en la gestión. Las afirmaciones del señor Maroto tenían un talante más inquietante desde el punto de vista político y social.

- Pero ponen el problema en la agenda al presentar una batería de medidas en Lanbide centradas en la lucha contra el fraude.

- No comparto de verdad que el fraude es el problema de la RGI. Tiene otra serie de problemas. Y esas cuestiones que tenemos que atajar las estamos intentando mejorar.

- ¿Se ha hecho un cálculo económico de si esa nueva RGI va suponer menos, más o el mismo gasto?

- Cuando planteamos la reforma, teníamos claro que había que garantizar la sostenibilidad del modelo. La propuesta tiene suficiente dotación presupuestaria para hacer frente a los cambios. No nos podemos olvidar que es un derecho subjetivo, y que independientemente de la cantidad presupuestada, la obligación es ampliarla cuando no es suficiente. Y eso se ha demostrado en los últimos años. Para este ejercicio entendemos que la cantidad presupuestada, 500 millones de euros, va a ser suficiente, igual que lo será para atender la reforma.

- ¿Si se les amplía las cuantías a determinados colectivos, otros van a salir perdiendo?

- No. La tendencia económica es positiva, lo que está permitiendo generar oportunidades de empleo. Hay gente que está dejando de ser perceptor de la RGI para incorporarse al mercado y eso se está traduciendo en un ligero descenso de la demanda.

- El informe dice que muchos perceptores entran y salen del sistema con frecuencia por la inestabilidad laboral. ¿Esta salida actual del sistema puede ser momentánea y luego volver a repuntar?

- Si se produce esa circunstancia, seremos capaces de atender a estas necesidades. Pero la economía tiene que ayudarnos a que estas personas accedan a un empleo de calidad. Aquí tenemos que trabajar en el conjunto de la economía vasca, agentes económicos y sociales, tanto empresariales como sindicales, para que se generen empleos de calidad. Ha llegado el momento de que ese empleo sea de calidad, y eso es lo que va a permitir que no vuelvan al modelo de prestaciones.

- Crecen los perceptores que sí trabajan. La reforma asume que es una realidad estructural.

- No solo pasa en Euskadi. Pero nosotros tenemos un punto diferenciador. Tenemos ayudas de estímulos al empleo. Una gran medida social propuesta es que las personas que estén trabajando tengan ese estímulo de seguir trabajando sin una limitación en el tiempo. Lo que tenemos que hacer es que los salarios bajos suban, para que nosotros dejemos de estimular esas cantidades. Ha llegado el momento de que esos salarios sean mejores.

- ¿Qué alternativa tienen para la gente que no es empleable?

- Una de las medidas propuestas es trabajar con el Tercer Sector para favorecer la inserción laboral y se produzcan esas contrataciones. Y otra propuesta es que cada caso tenga un referencia de los servicios sociales bien de las diputaciones bien de los municipios. Hay que retomar esa vinculación porque algunas perceptores sobre todo tienen un problema social.

- Cáritas le reclama que lidere la puesta en valor social de la RGI.

- Esa apuesta de poner en valor social, no solo la RGI sino de todo el sistema de protección, es uno de los 'leit motiv' de este gobierno y me corresponde a mí como consejera liderar ese papel encomendado por el lehendakari. Cáritas pone encima de la mesa la necesidad de proteger de un sistema social que, a veces, por cuestiones partidistas se intenta cuestionar. Sí asumimos ese liderazgo y el propio lehendakari siempre ha manifestado el orgullo de tener un modelo que es la envidia del Estado y referente en muchos países de la UE. El propio Juncker - actual presidente de la Comisión Europea- se ha interesado por nuestro modelo.

- El Ararteko ha vuelto a incidir en los problemas de gestión de Lanbide. ¿Escuece al Gobierno Vasco que se ponga negro sobre blanco esos problemas?

- No. Entendemos al Ararteko como una institución con la que colaboramos desde el principio. Tenemos una relación fluida tanto a nivel técnico como político. El Ararteko enuncia una serie de cuestiones que tomamos en cuenta. De hecho, parte de las modificaciones están basadas en recomendaciones que nos ha hecho. Estamos en una senda de mejora en las tramitaciones. En 2013, el tiempo medio de espera rondaba los 100 días y en abril de este año estamos en 40 días.

- Esta semana ha dicho que con 650 euros se podía llevar una «vida digna». ¿Se retracta de esta afirmación?

- Lo quiero aclarar. Sí es verdad que entre cero euros y 650 hay una gran diferencia. La cantidad se define en base a reflexiones técnicas en función de los datos de la encuesta de pobreza y desigualdad. Cuando dije el adjetivo digno, me refería a que con esa cantidad pueden estar cubiertas las necesidades básicas, y además hay que incluir los 250 euros de la prestación complementaria de vivienda. No era mi intención ofender, pero se malinterpretó.