El adelanto electoral que Urkullu consumó el pasado lunes para evitar cualquier tipo de contaminación con la estrategia errática de Torra y, de paso, sortear ... la presión de la oposición en el tramo final de la legislatura, ha abierto una precampaña bronca.
El lehendakari y su gobierno, que aspira a sumar una holgada mayoría absoluta con sus actuales socios del PSE, perdió la estabilidad parlamentaria en el mismo momento en el que el PNV pulsó el botón nuclear para posibilitar la moción de censura contra Rajoy. Desde ese mismo momento, junio de 2018, el propio Urkullu sabía que perdía el apoyo exterior del PP en su Cámara, pero abría un nuevo horizonte en la gobernabilidad española.
Lo que no esperaba Urkullu es que la inestabilidad en la política española se iba a instalar hasta principios de este año, cuando Sánchez logró superar su investidura en su tercera intentona. Esta circunstancia ha propiciado que las transferencias que el líder socialista prometió hace un año se hayan visto congeladas por la interinidad de su ejecutivo. Y según vayan ahora las negociaciones de estos traspasos, Urkullu podría ir a la campaña con una codiciada renta.
El lehendakari, que ha culminado su segundo mandato con luces y sombras, intentará tomar buena nota de los últimos tropezones sufridos, como ha sido el caso de la OPE de Osakidetza, que costó el cargo a Darpón.
Estos días el Gobierno Urkullu encara el desgraciado suceso medioambiental de Zaldibar, con la desaparición de dos trabajadores, que precisa de una exhaustiva investigación para depurar responsabilidades y mucha transparencia. Urkullu, que se ve forzado a comparecer la próxima semana en el Parlamento, visitó ayer con discreción el lugar de los hechos seis días después. Pero lo que resulta inadmisible es que algunos utilicen métodos propios de kale borroka con fines electoralistas. Así, no.
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