El Gobierno Vasco plantea reducir del 75% al 60% la exigencia de VPO para promover la construcción de vivienda

En el marco del Fórum Europa que se ha celebrado en Bilbao y acompañado por Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno central, Itxaso ha expresado que «queremos flexibilizar los porcentajes de vivienda protegida en suelo urbanizable, que en estos momentos se sitúa en el 75%».

La finalidad de esta medida es que «los ayuntamientos cuya situación lo requiera puedan rebajar voluntariamente esas exigencias hasta un mínimo del 60% de VPO, mediante acuerdo plenario, para facilitar el desarrollo de vivienda protegida». Es decir, la «flexibilización» supondría un descenso del 75% al 60% respecto a los porcentajes que deben ser de vivienda protegida en suelo urbanizable.

Ha defendido que «nadie encontrará en el mundo un territorio donde tenga unas exigencias en suelo urbanizable para vivienda protegida de semejante calado como en el País Vasco del 75%», y ha remarcado que «con el 60% seguiremos siendo los campeones del mundo» al señalar que «en España el mínimo de vivienda protegida en suelo urbanizable está en el 50% y la mayor parte de las comunidades autónomas que han regulado este asunto lo tienen en el 50%». «Nosotros lo vamos a bajar al 60% para aquellos ayuntamientos que demuestren o razonen que tienen problemas de viabilidad económica para desarrollar un determinado ámbito y lo puedan bajar entre la horquilla entre el 75% y el 60%», explicando que «si se baja al 70% salen los números, adelante».

El consejero ya señaló en una entrevista a este periódico en enero que «es posible que la ley establezca unos porcentajes de vivienda protegida y vivienda libre que en estos momentos hagan inviable muchas operaciones», y en esa dirección, ha lamentado hoy que «con ese 75%, si no se desarrollan viviendas protegidas, acaba siendo cero. En Euskadi tenemos contabilizados suelos para albergar hasta 75.000 viviendas protegidas y son suelos que en gran mayoría están paralizados por razones de viabilidad y, francamente, esto no es progresista».

Para ello, ha explicado este miércoles que «estamos trabajando con los grupos que sostienen al Gobierno para que el Parlamento Vasco promueva una Ley de Medidas urgentes en materia de vivienda», que es la mayor preocupación de la ciudadanía vasca. «Vamos a pedir al Parlamento que sea sensible y colabore en promover una serie de medidas contempladas en el Plan Director de Vivienda 2025-2027» al considerar que «no podemos esperar a la confección, tramitación y aprobación de una nueva Ley del Suelo y el Urbanismo que se demorará no menos de 3 años». Ha deseado que «espero que en las próximas semanas, en las próximas cinco o seis semanas, ojalá antes, en torno de la Semana Santa, podamos tener un texto ya que los grupos puedan meter por registro y se pueda aprobar a lo largo de este año 2025».

Ha subrayado la importancia de la «colaboración» entre lo público y lo privado porque «los poderes públicos no podemos hacer frente a este colosal desafío inversor que se nos presenta, necesitamos atraer recursos privados para aumentar de manera decidida el parque de vivienda protegida buscando fórmulas para aumentar nuestra capacidad de inversión y creando las condiciones para sumar al sector privado a la tarea».

Además, ha argumentado que «queremos que se movilicen los suelos con la mayor facilidad y agilidad posible para que se construya vivienda protegida y, en el porcentaje al que le toque, también vivienda libre para satisfacer las necesidades de una clase media que afortunadamente todavía es bastante robusta en Euskadi y que hasta hace muy poco los problemas se resolvían en el mercado de la vivienda libre, porque lo que nos está pasando ahora es que buena parte de esa clase media está terminando de engrosar las listas de demandantes de vivienda protegida porque no hay vivienda libre que se oferte, y la poca que sale lo hace 'a millón'». En conclusión, «necesitamos también que haya respuestas desde el mundo de la vivienda libre para esa clase media y, desde luego, hacer mucha más vivienda protegida de la que se hace en este momento».

Por otro lado, también ha transmitido que «vamos a redensificar nuestro parque público de vivienda actuando sobre la ciudad construida mediante la autorización de levantes de hasta dos alturas retranqueadas en edificios de viviendas protegidas y alojamientos dotacionales». Con esta medida el departamento de Vivienda y Agenda Urbana pretende «sin elevar los derechos edificatorios que se pueden llegar a construir hasta 2.000 alojamientos dotacionales sobre cubiertas planas» en Euskadi. Esta propuesta podrá ser aprobada por acuerdo plenario en los ayuntamientos.

Son las principales medidas que Denis Itxaso ha anunciado para hacer frente a una problemática en la que «la demanda nos ha superado pese a todas las acertadas políticas y procesos operativos que hemos adoptado», y ha enumerado las causes que han creado «la tormenta perfecta» en la demanda: los cambios demográficos como la longevidad o la reducción de miembros de las unidades convivenciales, la migración, la concentración de población en los entornos metropolitanos o «la presión ejercida» por los alojamientos turísticos en determinados municipios.

Ha lamentado que «el debate político transcurre entre cuestiones que caricaturizan la verdadera dimensión del problema, no se puede simplificar el debate a lo que va de los deshaucios a las okupaciones ilegales porque no se hace justicia con la verdadera dimensión del problema».

Itxaso ha considerado que «la vivienda es la puerta de acceso a una gran parte de los derechos considerados básicos para desarrollar nuestro proyecto vital» y por ello «es necesaria una visión integral e integradora, holística, sin prejuicios ni anteojeras ideológicas» para «no permitirnos que se abran estas brechas de desigualdad que pongan en juego nuestra estabilidad económica y social».

Denis Itxaso ha aprovechado el Fórum Europa para hablar «de lo que tenemos que hacer y de lo que vamos a hacer en este primer tramo del mandato», y ha enumerado otras medidas:

«Queremos incorporar a nuestro marco legal y de manera acordada con los ayuntamientos un procedimiento que simplifique y agilice la cesión de suelos para el desarrollo de vivienda protegida. En los últimos meses estamos advirtiendo cambios de actitud por parte de los ayuntamientos, nos están llegando suelos por parte de ellos. Comprenden que a diferencia de otros tiempos, es el momento de ceder suelos al Gobierno Vasco para que, en las mejores condiciones podamos construir vivienda protegida para que todo nuestro presupuesto se emplee en construir vivienda. Eso está pasando, pero lo siguiente que está pasando es que el Departamento puede terminar de colapsar si tenemos que ir municipio a municipio aprobando, redactando, confeccionando y tramitando convenios de cesión de suelo. Si tenemos un automatismo nos permitirá contar con un gran banco de suelo en el que poder planificar también políticas a medio y largo plazo».

«Queremos desarrollar un régimen sancionador específico para aquellos propietarios que incumplan las medidas derivadas de las zonas tensionadas. Tenemos el deber de proteger a las personas poniendo límite a los incrementos de los precios del alquiler, evitando la exigencia desmesurada de garantías o las presiones para que los inquilinos asuman obligaciones que no le corresponden», y ha puesto el ejemplo de las localidades francesas cercanas como Anglet, San Jaun de Luz, Biarritz o Hendaya, «muchos de ellos con alcaldes conservadores, asumen con naturalidad que haya un límite porque es invivible el mercado».

Ha informado de que próximamente «cerca el 20% de la población vasca va a estar en zonas tensionadas».

«Vamos a proponer la suspensión de las nuevas viviendas turísticas para que no se puedan incorporar al registro en las zonas tensionadas. No tiene demasiado sentido que si uno se declara zona tensionada y está reconociendo que tiene un problema para vivir, es decir, que la primera residencia esté en tela de juicio, uno siga permitiendo que se sigan creciendo y que sigan generando actividades económicas en los pisos. Para quitarle dramatismo a este asunto, suelo tratar de recordar que en décadas pretéritas convivíamos con bastante naturalidad con actividades económicas en pisos, primeros y segundos pisos donde había notarios, abogados o peluquerías y actividades económicas que deberíamos hacer entre todos un esfuerzo para que bajen a planta baja. Planta baja que, por cierto, en muchos casos son lonjas que están vacías».

Y ha puesto el caso de Errenteria. «En aquellos lugares que son zonas tensionadas no tienen derecho (las viviendas turísticas) de seguir recreciendo. Hay ya un parque de viviendas turísticas, pero no que siga creciendo. Y esto es importante porque, por ejemplo, ayuntamientos como Errenteria no ha sido hasta este mes que ha aprobado en pleno la suspensión de las licencias cuando ya se había declarado zona tensionada».