Las cuestiones comprometidas y las que se dejarán aparcadas en la reforma laboral

La derogación de la reforma laboral consistirá en todo un conjunto de cambios legales en materia laboral para adaptar el Estatuto de los Trabajadores a un contexto económico y empresarial completamente distinto al que había en 2012, con la anterior crisis económica. No será un borrón y cuenta nueva.

Pero la ley que regula las relaciones laborales tampoco quedará igual que la actual, porque tanto empresarios como, sobre todo, sindicatos, consideran que no es el mejor marco legal después de la crisis del coronavirus y los efectos que ha dejado en la economía. Hay materias comprometidas ante Bruselas –las que deben ser pactadas antes de fin de año– y propuestas que, sí o sí, solo llegarán en una segunda tanda de reformas y si hay consenso. Sobre la mesa, están la prevalencia de los convenios, su ultraactividad –vigencia tras vencer– o el despido.

El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, quiere acabar con lo que considera un abuso de la temporalidad en buena parte de las empresas. Para ello está dispuesto a aplicar un límite en el número de empleados que no sean fijos en cada negocio, aunque se muestran abiertos a que ese cupo sea flexible. Por otra parte, Trabajo quiere acabar con la extensión generalizada del contrato por obra y servicio como si se tratase de uno indefinido, así como limitar la subcontratación a otras empresas para realizar las mismas labores que sus plantillas que, por ejemplo, hayan sido ajustadas vía ERE.

El papel de los sindicatos en las negociaciones entre empresas y trabajadores también está previsto que tenga cambios. El Gobierno quiere acabar con la parte de la reforma laboral de 2012 por la que el convenio de la empresa tenía, y tiene, prevalencia sobre el del sector o el territorial, como puede ser el provincial. A juicio de Trabajo, esta realidad ha conseguido devaluar gran parte de las condiciones de las plantillas ya que son las grandes firmas las que suelen tener convenio propio. Por otra parte, se quiere acabar con la ultraactividad, esto es, el hecho de que cuando expire un convenio pueda seguir vigente hasta que se acuerde uno nuevo, sin ningún tipo de plazo o limitación temporal.

En esta primera ronda negociadora también se pactará el nuevo sistema de ERTE, independientemente de la crisis sanitaria. Lo mismo se hará respecto a la mejora en la eficiencia de las políticas públicas de empleo.

La cuantía de las indemnizaciones por despido fue una de las cuestiones clave de la anterior reforma laboral, al asentar los 33 días por año trabajado. Pero, sobre todo, aplicó los 20 días por ejercicio en el caso de que la empresa alegara causas económicas y organizativas, lo que abrió la puerta a la merma de las plantillas de muchos negocios. Esta cuestión solo estaría en la mesa a partir de 2022, junto a otras como la posibilidad de establecer un contrato único.

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